Video Barcelona Stop Bolonia (26 de Marzo 2009)

Manifestació multitudinaria contra la repressió estudiantil i el Pla Bolonya from Oriol Sabata on Vimeo.

En la base de la estrategia revisionista hay un sofismo que se combate con Historia y Teoría

En la foto: Pio Moa, César Vidal, Losantos y, en general, la plana mayor del revisionismo y negacionismo

Por qué una teoría de la Historia multidisciplinar:

Aunque la izquierda oficial no lo considere un asunto urgente, la amplia difusión que está teniendo la literatura revisionista obliga a repensar nuestra relación con el pasado. Porque lo que está en juego esta vez es la memoria histórica, la memoria de las víctimas. Toda forma de ultraderecha procede así: primero instrumentaliza a las víctimas para que jueguen a su favor, y cuando le pesan demasiado, procede a su olvido, a su aniquilación mediante la tergiversación de su significado histórico.

Lógicamente no me refiero a la ley promulgada por el actual Gobierno, que no ha sabido o no ha querido llevar hasta sus últimas consecuencias un camino que, tarde o temprano, debe distanciarnos definitivamente de un régimen totalitario y golpista, sino de la auténtica memoria histórica, aquella que pertenece a una colectividad, y que hace surgir inmediatamente en el pensamiento de cada ciudadano la imagen de los tiranos y de la represión cuando se pronuncia la palabra franquismo. Es este un saber popular sedimentado, efectivo a la hora de crear perfiles reflexivos y tolerantes imprescindibles para la convivencia pacífica de individuos libres, que corre peligro de perderse bajo la astuta pluma de aquellos que se dicen historiadores cuando, lo único que hacen es, maliciosamente, legitimar a los tiranos muertos para deslegitimar a los políticos vivos.

No lo dicen con la boca grande, pero sí con la pequeña, continuamente, haciendo que en los medios retumben ideas como que el advenimiento de un régimen golpista fue un proceso necesario al que condujo, verdaderamente, una II República ineficaz y beligerante y un Frente Popular cuyos efectos evalúan, no con relación a la legitimidad conseguida de facto en las urnas, sino por su inclinación revolucionaria.

Para enfrentarse al revisionismo del tipo Pío Moa o César Vidal es imprescindible saber qué se tiene entre manos, analizarlo, saber desde qué frentes historiográficos se está planteado la batalla a la memoria histórica y ofrecer así, desde este conocimiento, estrategias intelectuales efectivas. De momento, una cosa es cierta: muchos intelectuales han reusado dar una réplica a una historiografía tan burda y tergiversada por preferencias personales. Esta actitud debería ser replanteada. La labor de los historiadores es crucial aquí. Es cierto, como ahora se verá, que la estrategia no se puede plantear sólo desde la datología. El documento es importante, pero hay que avanzar hacia una historia multidisciplinar capaz de ordenar el ingente archivo documental sobre la II República y la represión franquista. Pero, así y con todo, los historiadores serios tienen el deber de plantar cara a este conjunto de pseudo-historiadores que de algún modo legitiman la represión y se sirven de un estado de Derecho y una libertad de expresión para difundir la apología de regímenes en los cuales habría sido imposible darles una réplica como esta que ahora escribo, pues ello habría supuesto el encarcelamiento, el exilio o incluso algo peor.

Por ejemplo, Jiménez Losantos y César Vidal amenazan con poner un libro-manual de historia de España en cada mesita de noche. La plana mayor del pensamiento más reaccionario se dio cita con motivo de la presentación de este libro bajo la tutela de Esperanza Aguirre. Si los historiadores serios no hacen nada al respecto, si no se ponen a trabajar en serio en construir una historia de España objetiva accesible no sólo a eruditos, sino a adolescentes, las mentes del futuro serán forjadas desde la ultraderecha, la cual, tarde o temprano, se presentará como portadora de esas esencias que los futuros votantes habrán aprendido a valorar en libros de historia editados por los medios de comunicación de la ultraderecha.

Sin embargo, como avanzaba, la estrategia ha de ser multidisciplinar. La batalla intelectual se está planteando desde el dato. Éste, además, comienza a adquirir un cierto matiz subjetivista. No hay una clara diferenciación entre la objetividad del dato y su significado. Si nos dejáramos guiar en estas cuestiones por los revisionistas, tendríamos, incluso, que acabar reconociendo que ni siquiera la veracidad del dato no implica que el franquismo fuera un régimen represivo, si relativizamos qué significa eso de ser represivo. También depende de con qué lo comparemos. Porque uno de los elementos -hay más, como veremos- que hacen fuerte al revisionismo es una ambigüedad de base: de una parte, los sectores más duros de la ultraderecha no han dudado jamás en criticar el relativismo moral de Occidente en general. Esta idea del relativismo, por oposición al fundamentalismo, está presente en toda la obra de Aznar Cartas a un joven español. De otra, cualquier análisis científico y rigurosos de la historia cuyo resultado no les conviene, es revisado desde un relativismo total. Un primer paso es comprender que el recurso a valores de la ultraderecha es absolutamente circunstancial: Si hay que criticar el relativismo moral, se critica desde un valor supremo democráticamente reconocido, como el valor de la vida. Pero si hay que aferrarse a dicho relativismo para destruir la tesis de prestigiosos historiadores, lo harán.

Los pseudo-intelectuales de la ultraderecha son capaces de las más extravagantes piruetas: pueden exigir la prohibición del aborto, de hecho, amparándose en la inviolabilidad de los derechos individuales de las personas y las mujeres. Pueden acometer las más descaradas censuras amparándose en la democracia y la libertad de expresión. Esto es lo que hace que una discusión frente a frente sea sumamente resbaladiza. Pero hay que saber qué se tiene entre manos para adoptar una estrategia. Primero: los teóricos de la ultraderecha no es que carezcan de valores, pero son, a nivel social, vergonzosos. De momento sus ocultas adhesiones al franquismo, al racismo, al machismo o al militarismo más beligerante no pueden salir a la luz pública sin escandalizar a más de uno. Hay varios factores implicados aquí: estas adhesiones están a la base. Además, han de permanecer ocultas a la opinión pública (de momento, pues quizá en adelante tengan auditorio), pero, a su vez, han de configurar la realidad, y lo hacen, por ejemplo en el caso de su negativa al matrimonio gay, basándose en cuestiones etimológicas o diciendo defender los derechos de las familias tradicionales, es decir, disfrazándose de demócratas progresistas.

Esto es lo que hace del discurso de la ultraderecha un sofisma. No puede ser abierto, claro y sincero, pues mostraría los monstruos que están a su base. Ha de persuadir y disuadir, pero sin mostrar cuáles son sus auténticos objetivos y valores de fondo. No busca la verdad, sino la verosimilitud. Y la verdad, continuamente, es puesta en duda desde un relativismo sin fundamento, dogmático, que relativiza no los datos con relación a otros nuevos datos, sino en función de la ya manida máxima de que Todo es relativo, nada es absoluto, máxima a la que no dudan en acudir los promulgadores de valores absolutos cuando carecen ya de argumentos con que defender sus débiles teorías, justificando a su vez, así, su inverosímil adhesión a la democracia.

Para enfrentarse al discurso histórico de ultraderecha hay que tener en cuenta, además del sofisma, el recurso palmario a logros sociales que han venido de la mano de la izquierda más comprometida con los derechos humanos y más crítica contra los abusos del poder. ¿Cómo pueden los elementos de un discurso típicamente de izquierdas servir a la estrategia de la ultraderecha? Verdaderamente, la flexibilidad no es del discurso en sí de esta derecha en particular, sino de la estructura del discurso sofista en general. Éste sólo entiende los contenidos como recursos apropiados o inapropiados para defender la causa tal o cual. La verdad, su verdad, ya está prefigurada. No hay descubrimiento. Todo está descubierto y lo demás sirve o estorba a su demostración. Lo importante no es descubrir una verdad, sino demostrar una tesis evidenciando u ocultando datos, según. Pongo varios ejemplos: Si la tesis historiográfica de un revisionista escandaliza hasta el extremo de exigir moderación, automáticamente la izquierda que la exige es tildada de intolerante, beligerante, inflexible, absolutista y totalitaria, esto es, es tildada de todas aquellas patologías sociales que ella misma se ha encargado de examinar y escrutar minuciosamente con vistas a impedir su resurgimiento. Veremos el día en que la ultraderecha llame fascista a la izquierda.

Si todos estos elementos eran estudiados para conocer las circunstancias precisas que podían favorecer la emergencia del fascismo (intolerancia, pensamiento único...) y así evitarlo en un futuro, ahora son continuamente arrojados desde la ultraderecha para silenciar cualquier posicionamiento desde la izquierda. Dicho posicionamiento, si es contundente, será llamado intolerante. A este respecto, la palabra de moda que resuena una y otra vez en los medios revisionistas es “chequista”. El discurso de la izquierda es así prostituido en boca de la derecha, y todas estas contradicciones no pueden sino, a la larga, desprestigiarlo. Por eso, la estrategia consiste también en no dejarse amedrentar con el falso humanitarismo en que se ampara esta ultraderecha. Debajo de su piel de cordero, compuesta por corrientes ideológicas que confunden al personal (neoconservadores, revisionistas, liberal conservadores...) no se esconde sino la misma clase política y social incalificable que proviene del franquismo. Se necesitan juicios de valor con fuerza suficiente como para alzarse sobre estos débiles argumentos que sólo ganan fuerza gracias a que disponen de efectivos medios técnicos para su gran difusión, no por su rigor histórico.

Los muertos:

Otro problema, y este ya nos acerca a la interpretación de la Guerra Civil española, es el de los muertos. Ha sido el pensamiento comprometido con los derechos humanos y la libertad el que ha decidido, frente a las terribles consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, no contabilizar los muertos por su color, raza o adhesión política. Con el respeto incondicional a las víctimas, los muertos no debían servir para justificar ninguna causa, aunque ésta fuera un próximo y posible estado de mayor bienestar social, de justicia o de libertad política. Este argumento en contra de la instrumentalización de los muertos ha sido absorbido por la ultraderecha, quien, por otra parte, siempre ha operado produciendo distinciones en el seno de la sociedad, sobre todo en España. A ella más que a nadie le ha interesado dar a los muertos un revestimiento metafísico, pero ahora que le interesa, cuenta igual los muertos tanto de un lado como de otro. En realidad, una vez desnudados los muertos de su significación social y política, pueden entrar en el debate acerca de qué bando fue peor con relación al número de muertos que causó y a las circunstancias más o menos inhumanas.

Esta postura del muerto igual debe ser abandonada por un pensamiento científico que quiera tomarse en serio la realidad del problema. Y es con relación a este conflicto con el muerto desnudo, tal cual, sin implicación política o social, desde donde planteo la necesidad que los historiadores tienen de aliarse con teóricos de todas las disciplinas posibles para organizar los documentos dentro de un marco conceptual apropiado que desde el rigor desbanque el argumento de los revisionistas. Este marco teórico debe contener una serie de conceptos clave que, pivotando sobre la realidad social y política de los muertos, su significado no histórico, sino social concreto (lo que en aquella época significaban, y no lo que significan ahora para nosotros) saque a la luz las deficiencias de la teoría de los revisionistas. En realidad, tales deficiencias deben mostrar que, procediendo por sofismas, los revisionistas carecen por completo de una teoría de la historia, pues esta ya exige una serie de adhesiones a principios invariables y reconocidos que los sofismas, por mutables según la circunstancia, no pueden incorporar.

Se trata, en definitiva, de obtener una serie de criterios objetivos desde los cuales evaluar el periodo que va de la II República a la Guerra Civil. Así se podrán lanzar juicios de valor que minimicen los riesgos de convertirse en subjetivos. El terreno de la historia en sí es árido si no es puesto en relación con la teoría. Es, además, imposible interpretar la historia desde los simples hechos si el significado o sentido último de tales hechos ha de ser interpretado a su vez con relación a la idea prefigurada que cada cual tenga ya elaborada de la historia.

Estoy de acuerdo en que los muertos son todos iguales. Pero esto es sólo así desde un punto de vista subjetivo. Sólo es así cuando uno se ve impulsado por un humanitarismo ciego que impide ver las diferencias de facto producidas por el inocente hecho de nacer en el seno de una sociedad políticamente constituida. Por otra parte, tal humanitarismo ciego, incondicional, incapaz de diferenciar, impide la elaboración de una teoría de la historia capaz de interpretar los datos en términos mínimamente humanitarios. Por ejemplo, en un contexto sociopolítico determinado, no es justo equiparar los muertos. O sólo es justo si se trata de un juicio moral personal, pero no de un análisis histórico riguroso.

Una teoría histórica contra el revisionismo:

En este contexto, son claves los conceptos legítimo e ilegítimo. Walter Benjamin tiene un texto llamado Para una crítica de la violencia, que ya contiene los elementos más importantes para esbozar una teoría de la historia de fondo marxista. En la Historia universal la violencia está monopolizada por la legitimidad de un ordenamiento jurídico, que como tal ha recibido la sanción de una instancia externa, lejana, que podríamos llamar mítica. Desde aquí, el Estado, según lo vio también Max Weber, es definido como el control legítimo de la violencia en el interior de un territorio. La propia violencia legítima, su alcance, delimita el territorio y lo define.

Sólo sobre la base conceptual de las dos españas pueden contarse los muertos como si fueran iguales y sólo sobre esta base puede discutirse, con pretendida objetividad, sobre técnicas de ejecución y números. Sin embargo, esto no es así en absoluto, pues eso de las dos españas surge de una ilusión puesta en marcha por los mismos revisionistas. Toda esta forma de elaborar una narración histórica a partir de los datos está equivocada y quizá tiene su origen más en los mitos de reconciliación de la Transición que durante el periodo de la II República. No se pueden plantear dos españas, pues legítimamente sólo existía una. Con independencia de su configuración factual, tomada abstractamente en sus notas esenciales a todo ordenamiento jurídico, poseía la legitimidad social y política.

Por tanto, tal ordenamiento jurídico no puede (podía) incluir, pues, categorías específicas del golpe de Estado, de la violencia ilegítima ejercida sobre el ordenamiento en cuestión. Las paradojas de una Constitución son evidentes cuando se trata de la “excepcionalidad del derecho” que ella misma instituye como forma máxima de salvaguardar el propio derecho. Sin embargo, con relación a la violencia manifiesta que le es impuesta totalmente, no como delito que transgrede una ley concreta y preexistente, sino como aquella violencia que se levanta contra el destino que contiene todo ordenamiento jurídico vigente, no existe duda posible: es una violencia ilegítima y como tal queda tipificada. Veamos algunos ejemplos:

Podemos considerar una crítica interna del proceder de la República. Como ley general, ella misma contiene los criterios objetivos con los que podemos lanzar un juicio serio, documentado, sobre la legalidad o no de sus propias acciones. Por eso, con relación a un ordenamiento jurídico dado, los poderes pueden actuar legalmente. Si tales actos legales desembocan en penas de muerte, sus resultados serán considerados ejecuciones (no asesinatos). Ejecuciones, arrestos, son algunos de los nombres con que designamos las acciones legales de un Gobierno que está amparado por un ordenamiento jurídico. Si amparándose en este mismo ordenamiento, un gobierno electo o de turno emplea medios anticonstitucionales, el propio ordenamiento contiene los criterios que permiten la objetividad del juicio. Una ejecución, en tales circunstancias, pasaría a ser un asesinato. Sus actos serían crímenes. Generalmente, los Estados, incluso los democráticos, han inventado toda clase de sucias tretas para que sus crímenes parezcan legales, pero, en cualquier caso, la necesidad de recurrir a tales engaños muestra la capacidad de una Constitución para generar criterios objetivos de legitimidad en las acciones.

Nada de estos sucede con los crímenes del franquismo. Ningún ordenamiento jurídico puede incluir en sí la cláusula mediante la cual puede ser depuesto. Cuando digo que no puede, no me refiero a que no deba. Quizá debería, es cierto, pero esto es una discusión en otro plano. Ningún ordenamiento jurídico, tal como se ha venido desarrollando históricamente, ha incluido en sí la posibilidad de su derrocamiento. Eso sería tanto como anular el derecho incondicional que todo ordenamiento tiene a la autodefensa. Cuando los revisionistas legitiman un gobierno golpista, defienden sin saberlo una teoría del Estado que no admite el derecho a la defensa, interna y externa.

Por estos motivos, las técnicas empleadas por un sector rebelde, golpista, no pueden ser diferenciadas claramente. Es cierto que unas pueden parecernos más humanas que otras. Preferiríamos que las tropas de Franco, durante la sublevación, mataran rápidamente evitando la tortura, en el caso de que tuviéramos que elegir forzosamente entre ambas opciones. Pero esto es, otra vez, una cuestión subjetiva, humanitaria. En tanto que golpista e ilegítimo, el levantamiento está claramente tipificado en el ordenamiento jurídico como el mayor delito posible. Todas sus acciones, como acciones golpistas, son criminales e ilegítimas. Sobre este punto no cabe ninguna duda. Pongo un ejemplo claro considerando la actual Constitución que puede extrapolarse fácilmente al contexto de la II República y la sucesión de Gobiernos que se sucedieron al amparo de su ordenamiento: existen criterios objetivos que explican, justifican y legitiman el tránsito de un Gobierno de centro izquierda (PSOE) a un Gobierno de centro derecha (PP) Y esto porque el ascenso de uno y la caída de otro son dos momentos cuya posibilidad está contenida en un contexto de leyes fundamentales. Toda acción que estando más allá de dicho contexto, que lo pretendiera modificar, ha de desarrollarse más allá de estos criterios, en el plano de un discurso subjetivo, apelando a una serie de valores superiores, naturales, donde cada uno apuesta por una preferencia y la defiende con argumentos que pueden ser más o menos convincentes, pero para los cuales, más allá de la persuasión, no existe criterio inmutable.

De este modo comienzan a aclararse ciertos puntos oscuros de la teoría del Estado y del Derecho. Los revisionistas no pueden contar muertos ni hablar de dos bandos como si realmente se tratara de dos españas. En efecto, todos eran españoles, pero divididos por una forma de violencia ilegítima que se oponía a una organización de la violencia cuyo derecho a la autodefensa estaba plenamente reconocido. Podemos, claro está, lanzar una queja a las autoridades de cualquiera de los dos ordenamientos. Podemos decir sin ningún temor que si la II República no hubiera aguantado hasta el final, el número de muertos hubiera sido menor. Podemos, y debemos, hacer la crítica interna a la II República y a sus gobiernos. Crítica no es igual a revisionismo. La primera puede incluso poner en relación la Guerra Civil, o explicarla, desde la inoperancia de los dirigentes republicanos o desde el desarrollo del Frente Popular o del contexto internacional. Pero claro, esto no lo hace para justificar un golpe de Estado, sino para explicarlo y sacar a la luz aquellas circunstancias que no deben volver a repetirse. Mientras que en una crítica interna a la II República late el reconocimiento implícito de que es el sistema más deseable, motivo por el cual nos interesamos acerca de los motivos de su fracaso, en el revisionismo no late más que una imposible deslegitimación para legitimar un golpe de Estado. En el franquismo posterior, constituido, ni siquiera se podrá hablar seriamente de ilegalidad, y esto será una enfermedad endémica que procede de la forma en que inicialmente se va desarrollando: más allá de toda ley, no apelando a más principio que sí mismo: la autarquía.

Se puede, desde luego, opinar a favor de un golpe de Estado. Y, a propósito de esta opinión, se pueden dar razones de ello basándose en la debilidad del ordenamiento contra el cual se efectúa el golpe. Pero todo esto es una cuestión de gusto, de preferencias personales. Y que toda esta supuesta objetividad de los revisionistas salga a la luz como mera preferencia personal por un pasado franquista, ya que carecen de una teoría seria, es la auténtica tarea de una historiografía cuyos datos sean ordenados en el contexto de una teoría histórica rigurosa. A todo lo más que pueden aspirar los revisionistas es una teoría de la circunstancia. Esta no sólo deja irresoluto el problema de la legitimidad, sino que daría como resultado una legitimidad subjetiva y meramente circunstancial, basada en la provisionalidad de los hechos históricos.

Los mass media y el capitalismo transnacional se alían en la persecución contra la población inmigrante

Los medios de comunicación oficiales vuelven a difundir las imágenes del terrorífico inmigrante ilegal, bajo la forma del delincuente universal, para justificar la acción policial autoritaria global.


“Mara, nombre con que se conoce a las pandillas juveniles en Centroamérica. Originadas por el retorno a centroamérica de enormes cantidades de emigrantes deportados por delincuencia desde México y Estados Unidos, transfieren las condiciones para recrear en el plano nacional, aquellas condiciones de marginalidad, violencia, delincuencia y supervivencia, aprendidas y desarrolladas por los deportados en los distintos lugares en los cuales lograron su estadía. A ello se agregan los jóvenes de sectores sociales marginados, conformando una amenaza social por la eventual violencia con la que actúan tanto hacia afuera como hacia adentro de estos grupos.”

“De manera adicional el fenómeno se agrava a partir de la introducción de drogas de amplio consumo como el crack, marihuana, pegamento para zapateros o inhalantes, heroína y otras, las que son comercializadas y consumidas en el país por estos grupos de pandilleros”

“Su principal fuente de ingreso, además de las remesas de Estados Unidos, son las extorsiones a la población que tiene un nivel de vida aceptable. Dichas extorsiones son de carácter obligatoria y no hay negociaciones razonables, ya que las consecuencias son atroces”

ESTA es la información que puede encontrarse en Wikipedia acerca de los maras. De hecho, esta información puede ampliarse bastante adentrándose en la red. Hoy, 5 de Marzo de 2009 (para que quede constancia) Antena 3, en el telediario, de pronto, daba la noticia de la gran red de delincuencia universal que extiende por el mundo sus tentánculos. Las imágenes que hemos visto todos en la televisión no son producto de este informativo concreto, sino que están, como casi todo lo que movilizan los medios oficiales, bajadas de Internet, el desván de artículos y excedentes de la información oficial que es, por parte de los mass media, a la vez que continuamente desacreditado como fuente de verdad a partir de la que construir un relato social, el bazar clandestino, y gratuito, de donde últimamente extrae sus fuerzas.

Todo comienza a suceder de una forma extraña. Todo tiene un origen en la palabra que sitúa los conceptos en la realidad, y los hace circular raudos, calando profundamente en las conciencias, taladrándolas con sus imágenes del horror. La palabra mara tiene ya tanto tiempo como estas bandas organizadas, cuya naturaleza y existencia nadie pone en cuestión, aunque desde luego merecería la pena situar su auge en relación con el de un capitalismo transnacional, excluyente, que genera importantes núcleos de miseria y marginalidad en las mismas metrópolis, que luego ha de ser controlada mediante la deportación. No es este el tema que centra el artículo. La cuestión es que, siendo una realidad que ya venía filtrada por Internet y otros medios de comunicación no oficiales, tal realidad no tenía una existencia oficial y, por tanto, no estaba ligada a una preocupación política ni judicial por parte de las autoridades. Para el ciudadano acostumbrado a informarse sólo mediante los mass media para luego no contrastar dicha información, estos maras no existían. El telediario, hoy, ha decidido, no solamente que es una realidad vandálica y superpeligrosa que ha de ser tenida en toda consideración, sino que sus dimensiones y redes internacionales dan LA VOZ DE ALARMA. La noticia se acaba de construir además con carácter retroactivo. Aunque hoy el Telediario de Antena 3 daba esta noticia por primera vez, la forma en que es dada la despliega en un tiempo pasado, sobre una superficie pretérita donde, precisamente ahí, ha tenido las consecuencias justas que hoy sitúan el acontecimiento mara como un problema que está ya llamando a las puertas del honrado ciudadano.

Lógicamente, este discurso del terror es acompañado de las imágenes del terror. El mara aparece descontextualizado, aislado de su proceso de formación histórica. Sólo varios minutos ocupan este espacio de alarmismo total. Otra vez, las imágenes y el discurso del terror son elementos fríamente calculados que ponen a todos los ciudadanos en peligro. El incivilizado latinoamericano, ese hombre tatuado que mata, viola, trafica con drogas y extorsiona a las personas de bien, podría estar ya, no digo llamando a las puertas de su país, ciudad o barrio, sino forzando la puerta de su casa. Este es el problema central. Caminamos, tal y como explicita esta noticia, por el filo del abismo. La vida una y otra vez ha de ser puesta en manos de esa autoridad competente, policial, experta, pedagógica, para que la salve. Sí, ese serial de expertos que provienen de instituciones sin mácula -como la policial, la jurídica, la clínica o la política- a cuyas manos hemos de entregarnos para que nos libren del mal y nos suministren sus bienes salvíficos en forma de estricto control y vigilancia.

Este es el punto. Una banda de delincuentes que de pronto, hoy, 5 de Marzo de 2009 -y no ayer ni anteayer... ¿por qué?- nos amenaza y, en esta misma construcción de la amenaza por nuestros poderes sociales, recrea, como un espejo, la imagen impoluta de las instituciones que deben, ahora sí, aplicarse a nuestra salvación, adoptando todas las medidas posibles, incluso las... ¿anti-humanitarias? ¿Serán los maras, y otras redes internacionales que se filtran en la decencia europea a través de la inmigración, la justificación de la excepción de la regla que debe seguir el proyecto Europeo, y que corrobora precisamente en su justificación de la excepción, esto es, el progreso humano por encima del capital o el técnico? Porque procesos inhumanos justificados en el peligro que corren estos valores no harían sino corroborarlos.

Verdad, amarillismo o... ¿algo más? A nadie se le escapa que los medios exageran las noticias que ellos mismos producen. Carecen de afán de verdad. Como empresas capitalistas privadas que son, la información deviene mercancía y constituye las ideas de la conciencia general, del ciudadano reducido a gran público. El acontecimiento social es un invento, el objeto de la especulación económica dentro de un contexto de capitalismo especulativo mundial. No, desde luego, esto no se le escapa a nadie. No pongo en cuestión la realidad o veracidad de la existencia de las maras, pero, ya de entrada, podemos poner en cuestión que realmente, hoy, precisamente hoy, los maras sean una realidad tan amenazante. ¿Responde sólo a criterios económicos, a lo rentable, según la lógica interna de todo proceder basado en el crecimiento económico ilimitado, que debe derribar a su paso toda ética profesional que se interponga entre él y la pela?

Me quedo con la versión de amarillismo, pero ¿por qué precisamente con los maras? Quizá aquí debamos ir más lejos en el análisis, y lógicamente deberemos especular, pues para esta clase de elucidaciones no hay versión oficial donde apoyarse, ya que atentan precisamente contra dicha versión oficial. Escribí un artículo para esta misma página que llevaba por nombre “Hasta 10.000 euros de multa por acoger a un sin papeles” Creo que allí fui bastante contundente, así que no hace falta poner otra vez de relieve que la crisis económica financiera está organizando un movimiento anti-inmigrante, no solo en España, sino en toda Europa. Éste vuelve a ser perseguido (ya lo fue antes y durante la Segunda Guerra Mundial, auge del nacionalismo, aunque ya pocos se acuerden de eso, incluso intelectuales de postizo que han olvidado, qué casualidad, esa parte concreta de la historia, y cuyo olvido, oh casualidad repetida, sólo beneficia a las elites políticas, económicas y mediáticas instaladas en el poder).
Pero parece que los poderes en su conjunto no quieren tirar del nacionalismo, algo tan manido. Corrijo: no quieren tirar de una antigua forma de nacionalismo. Prefieren mantener al ciudadano bueno, lleno de santos ideales de igualdad, democracia e interculturalidad, pues a fin de cuentas son los valores teóricos o ideales de las democracias representativas occidentales sobre los que se asientan el poder económico, político y mediático. Pero, por otra parte... ¿cómo justificar la exclusión del otro? ¿Cómo armonizar, otra vez, la exclusión inhumana con los valores que sustentan a los poderosos? ¿Cómo controlar instrumentalmente sólo con el fin de mantener intactas las estructuras de poder, esos flujos de seres humanos que se están dando precisamente por el despotismo de este capitalismo transnacional? El problema se plantea otra vez al nivel del nacionalismo clásico: la necesidad de armonizar los Derechos del hombre y del ciudadano, con el dominio y la represión inhumana. El nacionalismo clásico de principios de siglo XX no fue sino la excepción que confirmaba este derecho, la necesidad de diferenciar entre lo humano y el ciudadano, y lo no humano. No otro motivo que esta disyuntiva esencial tuvo la invención del nacionalismo o su recurso como ideología para el control de las masas por parte de un poder desmedido.

Las imágenes del terror que vemos en estos telediarios, cada día más intensas e intensivas, y que cada día engloban un aspecto mayor de nacionalidades que, oh gran casualidad, están aquí, en España, no en virtud de extranjeros sino de inmigrantes (lo cual los relaciona directamente con un mercado de trabajo de nivel global, correlato del capitalismo transnacional que ha dado de sí la famosa globalizacón), estas imágenes, que ya no van al país enemigo sino al enemigo civil, lo cual sería propio de una sociedad globalizada, sin afuera, donde el enemigo es ya enemigo público por terrorismo o por delincuencia organizada, estas imágenes, digo, podrían estar al servicio de los intereses de esta nueva forma de nacionalismo que, en realidad no es encubierta -pues toda forma de nacionalismo, de exclusión, siempre encubre la auténtica naturaleza del otro-, sino que ha adoptado la forma necesaria según las condiciones que el mismo capitalismo ha generado, las condiciones de un gran proletariado universal que, por carecer de límites reales, geográficos, ha de ser tomado como delincuente externo, que debe tornar a su país de la delincuencia de manos de una policía internacional.

En definitiva, estas imágenes son la excusa perfecta para que el probo ciudadano justifique la intervención de sus poderes en la exclusión y regulación de una mano de obra que, en tiempos de crisis, se ha convertido en excedente de producción. Es lo mismo de lo que advertí en el anterior artículo: la imagen del inmigrante delincuente que define las identidades, las constituye en el enfrentamiento, para poder organizar a la población inmigrante según las exigencias del capital financiero mundial. La contraimagen difundida del inmigrante por los mass media en su alianza con los poderes económicos mundiales siguen forjando la imagen monstruosa, no-humana, de quien será el nuevo estigmatizado social, del nuevo paria, ahora ya no atrapado por dictaduras militares, sino por redes de sistemas policiales a nivel globAL

Murcia, Jueves 12 de Marzo a las 11:30, Huelga para paralizar el Proceso de Bolonia

Murcia, Huelga, concentración desde la Plaza Círcular para frenar el proceso de mercantilización de la Universidad Pública que pretende hipotecar nuestro futuro y el de toda la sociedaD



MURCIA se mueve contra el Plan Bolonia, al que ahora se opone incondicionalmente, y denuncia la incompetencia de los supuestos representantes de nuestros derechos, a los que, habiendo demostrado lo que son y al servicio de quién están, se les exige la dimisión inmediata. (Al Rector)

El 12 de Marzo, habrá una manifestación que comenzará, caso de Murcia, en la Plaza Circular, a las 11:30

Y cuanta más gente acuda, mejor, así que PASADLO POR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES.

Los miembros de la Asamblea de estudiantes de Murcia, y con ellos el gran número de estudiantes universitarios en desacuerdo con esta estrategia de los poderes económicos y políticos, se sienten estafados tras los acuerdos a los que se llegó después de la anterior manifestación, motivo por el cual, con las narices hinchadas, se decide, no ya negociar Bolonia, sino detenerlo, frenarlo en seco.

Y, tal como puede leerse en la página de la Asamblea, motivos no faltan. ¿Es esta exigencia intransigente? De esto nos acusarán los muy hipócritas, después de haber desoído todas las exigencias que pretendían, no sólo modificar el plan, sino incluir efectivamente la opinión de los estudiantes en su proceso de elaboración. La cosa está clara: o te lo comes con patatas, sin rechistar, o eres un totalitario, energúmeno, intransigente y anarquista (o lo que es peor, antisistema perroflauta, adjetivo con el cual gustan de etiquetar en los mass media a todos aquellos que reclaman la práctica democrática que los poderes sólo sustentan en la teoría).

En efecto, tras la apariencia legitimadora del diálogo social, nos ponen una cara y luego nos apuñalan por la espalda. Nos dejan que recorramos las calles, por los caminos pactados, por los laberintos cercados, con la Policía vigilando en todo momento que la cosa no se desmadre. Policía que, a nuestro paso, nos mira como diciendo: “mira qué graciosos los jodíos niños de papá”. Una cosa incluso pintoresca. Dejándonos pasean por las calles, quedan de maravilla frente al ciudadano, quien, al ver nuestra larga marcha desde el balcón o la puerta de su comercio, luego sigue a lo suyo con la gratificante sensación -pues no es más que sensación- de vivir en un país democrático, donde la gente puede manifestar sus inquietudes (pero, ojo, sólo manifestar, no vaya usted a pasarse de rosca esperando que tal manifestación tenga la más mínima incidencia). Después, los poderes que nos permiten tan resueltamente este recorrido, acogen a los portavoces de los estudiantes con esa faz reconciliadora y ese afán democrático del diálogo para llegar al mutuo acuerdo, y luego, cada uno a su casa y aquí se hace lo que ELLOS (los cortesanos del reino de España) dicen.

¿Qué opinan de esta actitud los izquierdosos que se jactan una y otra vez de haber corrido delante de los grises durante las revueltas estudiantes de los 60's y 70's que estaban, no sólo orientadas contra el franquismo -la propaganda hace milagros- sino, y principalmente, contra la intervención y mercantilización de la Universidad? Sí señores, sí. Así comienza el libro de José Ribas Los setenta a destajo, ajoblanco y libertad, advirtiendo de que tal movimiento universitario estaba motivado por los mismos problemas que ahora nos afectan. Esta información está en sus primeras páginas, así que a ellas remito para que el lector se informe. A mí me sorprendió descubrirlo, pues, ingenuo de mí, había creído la versión oficial que vinculaba las revueltas directamente a la represión franquista, haciéndolos aparecer como los precursores ideológicos del sistema actual de cosas.

El déficit democrático que los legitima en el poder no puede ser mayor y más descarado. Tras la gran pantomima de la democracia, de esta parafernalia, están las brillantes mentes que saben mucho mejor que nosotros qué nos conviene para el futuro. Como hijos obedientes, debemos escuchar a los expertos en nuestra vida. Con una mano tendida y la otra dispuesta para caer sobre cualquier reclamación verdaderamente democrática. La teoría no solo no se corresponde con la praxis, sino que la traiciona una y otra vez, intentando disolverla por todos los medios. La santa democracia española está muy bien mientras nadie protesta mediante ella. Cuando esto sucede, las cosas se tuercen porque los poderes tienen que escuchar más voces que aquellos secretos cuchicheos de pasillo entre gerifaltes ineptos que luego se disfrazan de benévolos proyectos sociales que justifican inmaculadas leyes por el bien público: Todo para el pueblo, pero sin el pueblo.

La Asamblea de estudiantes de Murcia informa:

“En España en cambio los estudios de Máster se verán restringidos a una élite, tanto por las escasas plazas ofertadas como por los elevadísimos precios, que están en la Universidad de Murcia entre 1350 y 1800€” (Publicado por asambleadeestudiantes en Marzo 6, 2009)

“Al mismo tiempo los estudios de Máster y la investigación en general se orientan a las necesidades de las empresas. Pretenden que ellas financien una parte de las investigaciones y, a cambio, las empresas se quedarán con los resultados. En esto consiste la llamada transferencia de conocimientos. Sin embargo, todos sabemos que es precisamente ese modelo de mercantilización del conocimiento y de patentes el que hace que millones de personas mueran en el mundo y no puedan beneficiarse de los resultados de investigaciones como la farmacéutica. Al mismo tiempo, este modelo amenaza la supervivencia de los proyectos de investigación rentables para la sociedad, pero no para las empresas” (Publicado por asambleadeestudiantes en Marzo 6, 2009)

“No respetan ni siquiera los derechos de los actuales licenciados, que después de estudiar al menos 5 años deberán cursar también los Máster del nuevo sistema de estudios para habilitarse profesionalmente o acceder al doctorado. Por esos derechos hoy estamos también aquí. ¡Nuestros años de esfuerzo no nos los pueden robar así como así!”(Publicado por asambleadeestudiantes en Marzo 6, 2009)

Así están las cosas. Este puede ser el golpe de gracia contra la Universidad Pública. Progresivamente, todas las carreras estarán determinadas por las grandes empresas que hallarán en ellas el arsenal humano e intelectual necesario para desplegar por el mundo sus intereses económicos. La sociedad se ha encontrado con un problema: Las universidades se llenan, y los muchachos salen con una preparación profesional e intelectual tan elevada, que genera unas expectativas de vida y futuro imposibles de realizarse en la realidad que nos espera, y que ya se va asentando poco a poco: trabajos de mierda, temporales, donde se exige poca o nula cualificación, y mediados siempre por las Empresas de Empleo Temporal que poco a poco han ido suplantando la racionalidad de una economía organizada con vistas al futuro a través del INEM, un organismo del Estado. Mejor, pues, que los chavales no se hagan muchas ilusiones. Eso sí, la Universidad debe convertirse en el correlato de esta sociedad clasista: ella debe formar a una minoría selecta que aporte su inteligencia y dirija a los esclavos metidos a obreros hipotecados.

Eso, por no hablar de los grandes beneficios que a la larga los bancos obtendrán del sistema de las becas-hipoteca. Sistema Americano. Al final, las familias tendrán que ahorrar desde que nazca el niño. O eso, o acceder al chantaje de la militarización de nuestros hijos para que luego puedan acceder a los estudios universitarios, tal como pasa en EEUU. Luego critican a los países socialistas y su exigencia de servir al Estado para conseguir un futuro mejor.

La sociedad igualitaria se disuelve: el hijo de una familia sin recursos, a poner tornillos a la fábrica o a estudiar módulos para su inserción en el estrato primario del mundo laboral vía ETT. El que sí los tenga, a estudiar y dirigir. Y la Universidad, como investigación y desarrollo de ideas, no para una sociedad más justa y mejor, sino de aquellas ideas a disposición de la estructura interna del espagueti de tal o cual marca o para mejorar los efectos de reducción de arrugas de una crema para los pellejos.

Sin embargo, aquí se esconde otro peligro que muy pocos mencionan. Yo quiero añadir este peligro adicional vinculado a la mentalidad del especulador-depredador al estilo Ibérico: Cuando hablamos de que la Universidad se convierta en el campo de acción de las empresas privadas para sacar adelante sus proyectos, invirtiendo sólo parte de su dinero para disponer de los medios técnicos, humanos y económicos que aportarán los poderes públicos, imaginamos proyectos económicos que intentarán organizar una economía de producción largoplacista. Sin embargo, los nuevos capitalistas de este país ya no representan (si es que la han presentado alguna vez) la estructura psicológica adecuada a esta idea. Detrás de su facha de empresarios serios y respetables, no se esconden más que garrulos especuladores ávidos por ganar dinero fresco, rápida y limpiamente, al precio que sea. Y la verdad, aunque esto es una constante en España que arraiga en los tejemanejes del franquismo, los americanos, modelo universal del mito capitalista (el Robinson Crusoe), de la iniciativa privada y la libertad de la economía con respecto al Pather Estado, andan también sobrados de especuladores que ahora van lloriqueando a sus gobiernos para que actúen como el buen padre que saca a sus hijos del apuro.

Se ha demostrado sobradamente que los nuevos capitalistas son simples especuladores que buscan hacer dinero directo con sus inversiones. Esto supondrá que la Universidad Pública se convierta en un mercado, un campo de especulación directa mediante el cual transferir dinero público directamente a los bolsillos privados. O dicho claramente: una vez que, mediante una pequeña inversión, el capitalista especulador se garantice el dinero fresco en el bolsillo procedente de lo público, la ganancia estará ya lograda. Pero claro, nuestros poderes públicos en España se encargarán de vigilar que esto no suceda, y que las inversiones públicas a los capitalistas privados no sean a fondo perdido, tal y como se han encargado de que los ayuntamientos no se conviertan en simples medios para el enriquecimiento directo del alcalde de turno (jajajajaja). A la vista de la corrupción total que existe en España, donde los políticos se venden bajo mano al capital mediante el soborno -así y no de otra manera se ha estado desenvolviendo el magnífico negocio del ladrillo, que ha beneficiado al bolsillo privado del constructor y la banca y al del político corrupto-, esto ya no está tan claro.

La Asamblea de estudiantes de Murcia exige, por ello:

“-Exigimos la paralización de todos los nuevos grados. Que la Universidad presupueste el coste de los cambios y el gobierno aporte la financiación para contratar nuevos profesores, ampliar el número de aulas y dotarlas de los medios necesarios. Sin este proceso, que necesitará todavía varios años, no podemos hablar de reforma. ¡Ninguna reforma sin financiación!

-Exigimos un verdadero precio público para todos los estudios de Máster, que no sobrepase el coste de los actuales estudios de diplomatura y licenciatura. El coste de matrícula de los estudios universitarios debe tender progresivamente a la gratuidad. La educación es un derecho, no un privilegio.

-Exigimos la ampliación del número de becas tradicionales hasta llegar a la media europea y la retirada inmediata de las becas préstamo.

-Exigimos que se respeten los derechos de los estudiantes de las actuales licenciaturas, de forma que puedan habilitarse profesionalmente y acceder el doctorado sin tener que cursar costosos Másters.

-Rechazamos cualquier reducción de la oferta de plazas universitarias, la introducción de notas de corte en aquellas carreras que no las tienen y la subida en las que actualmente las tienen. En un momento en que el mercado de trabajo no nos abre sus puertas, la Universidad debe tenerlas abiertas para formar a toda una generación. Si las notas de corte suben pediremos la dimisión inmediata de cada uno de los responsables de este proceso. del primero al último. ¡Si no pueden defender nuestros derechos, que se vayan todos!

-Exigimos la retirada de todos los grados en los que las peticiones de los alumnos han sido ignoradas y los nuevos grados se han impuesto según la ley del más fuerte. Que se abra un nuevo proceso en el que sean los profesores y estudiantes de los departamentos que han de impartir y cursar el título quienes tengan poder de decisión. ¡Abajo el grado de Ciencia Política y Gestión!

-Pedimos la suspensión de la ANECA hasta que la selección de sus miembros no se haga a través de una convocatoria pública y que los criterios de calidad con los que trabaja hayan sido elaborados democráticamente con la participación de los estudiantes.

-Exigimos la retirada inmediata de la Estrategia 2015. ¡No a universidades de primera y de segunda!

-Reclamamos que las competencias de Universidad vuelvan del Ministerio de las Empresas al Ministerio de Educación. No es posible que personas con importantes responsabilidades en la patronal rijan ahora el destino de la Universidad pública, imponiendo los criterios de la empresa privada.

-Rechazamos que la Universidad de Murcia ponga a sus investigadores al servicio de los intereses de empresas privadas. El conocimiento debe estar al servicio de toda la sociedad y la supervivencia de los programas de investigación no puede decidirse simplemente por una rentabilidad meramente económica.

-Exigimos un referéndum consultivo entre la comunidad universitaria (alumnos, profesores y PDI/PAS) y medios públicos para que las diferentes perspectivas sobre el proceso puedan ser defendidas en igualdad. Al contrario que las autoridades de esta Universidad, no tenemos miedo al debate democrático.””

¡STOP BOLONIA! ¡EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA!

Agua para todos, o la escandalosa trama de corrupción protagonizada por los "aguatenientes" de Murcia.

Detrás del "agua para todos", y de las manifestaciones por el trasvase Tajo-Segura, se esconde la que quizá sea la mayor trama de corrupción política, económica y judicial de toda España. Murcia SOS

El pasado día 18 de Marzo, a las 5 de la tarde, se convocaba una manifestación en Murcia en defensa del Trasvase Tajo-Segura, contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha, que prevé la caducidad del trasvase Tajo-Segura para el año 2015. Todas las autoridades públicas relacionadas con el trasvase se dieron cita a la señalada hora: El PP de Murcia, de Valencia y Almería; el PSOE de Murcia, Andalucía y Valencia, IU-LV de Murcia y UpyD, además de asociaciones empresariales y patronales. La derecha más reaccionaria se apuntaba así al invento progresista de la manifestación, como es el caso de la Iglesia, la policía e incluso la justicia. Hubo música de Joan Manuel Serrat, Mediterráneo, quizá para que los asistentes se sintieran imbuidos del espíritu de mayo del 68. Y hasta de Celtas Cortos (La lluvia cae en soledad), para que se vea que los políticos españoles y murcianos son enrollados y modernos.

La afluencia fue masiva, pues las autoridades se encargaron de contratar hasta un millar de autobuses (presumiblemente pagados con dinero público) para que los murcianos pudieran acudir desde todos los puntos de Murcia. El dispositivo fue excepcional. Grandes camiones con megáfonos donde se les decía a los murcianos, reiteradamente, en plan Minuto de Odio de Gran Hermano, que desde Castilla la Mancha nos quieren quitar el agua que tanto necesitamos para beber. Se desplegaron multitud de furgonetas de servicios sanitarios para socorrer inmediatamente a quien lo necesitara. Y la Policía estuvo atenta en todo momento a que los manifestantes no sufrieran ningún percance, vigilando también por la seguridad de los altos cargos públicos que acudían, como Ramon Luís Valcarcel, presidente de la comunidad autónoma, y Francisco Camps. De hecho, incluso sobrevoló la zona un helicóptero de la policía. (Magnífica actitud de protección de la policía que contrasta sobremanera con la que tuvo el pasado día 12 de Marzo contra los manifestantes anti-bolonia, a los que no permitía entrar en la universidad pública. Pero esto es otra historia)

Esta manifestación estuvo organizada para atraer el agua del trasvase y concienciar a los ciudadanos de que en Murcia se necesita agua para beber. Sin embargo, a poco que se bucee en el tema del agua en esta región, se encuentran casos que apuntan a usos totalmente indebidos de este bien público, relacionados con ricos terratenientes, importantes constructores, funcionarios de la administración pública y hasta jueces. De hecho, parece que existe toda una trama de robo de agua por parte de ciertos grupos económicos, denominados también “aguatenientes”, que extienden sus influencias por toda España y que están generando el mayor caso de deterioro de las instituciones públicas y los derechos civiles sufrido en la España democrática, dado que han alcanzado y corrompido al mismísimo Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Hay hasta un posible asesinato. Casos de corrupción tal alarmantes que puede hablarse, en esta región, de toda una mafia organizada en torno al negocio del agua, que implica blanqueo de dinero, sobornos a funcionarios públicos, delitos contra el fisco, subvenciones cobradas de fondos Europeos que han ido a los bolsillos privados de jueces relacionados con grupos empresariales, el mayor incendio de monte de la historia del país.... Lo vemos:

Todo esto comenzó a salir a flote con una carta de Vicenta Oliveros a la Fiscalía de Madrid. Vicenta Oliveros ERA jefa de los servicios jurídicos de la CHS (Confederación Hidrográfica del Segura), órgano (Público, dependiente de Medio Ambiente) máximo en cuestiones de reparto de agua y el que debe velar por la legalidad del mismo. En esta carta, firmada el 8 de Julio del año 2002, denunciaba graves relaciones entre los poderes económicos y políticos y los altos cargos de dicho órgano gestor de los recursos hidrográficos, aportando pruebas de que estaban metidos hasta el cuello en una trama de robo de agua. Ahora desglosaremos todos estos casos, que desde luego son de película americana a lo Informe Pelícano o Chinatown. Pero antes, un minuto de silencio por esta señora, pues el 21 de Julio de 2002 fallecía junto con su esposo Antonio Bernabé (jefe de prensa de la CHS) y su hijo pequeño de seis años, en un aparatoso accidente de tráfico justo cuando se dirigía a la Fiscalía de Madrid para volver a declarar sobre la corrupción interna de la CHS. Tal declaración la haría (nunca llegó a realizarse) frente al fiscal decano de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio. La Guardia Civil aún no ha cerrado la investigación sobre el accidente. De hecho, el coche fue enviado a la casa Mercedes para investigar la holgura en la dirección. Además, circulaba por una recta por el término municipal de Seseña, Toledo, y más extraño aún resulta que, a pesar de haberse salido de la carretera, no hubieran marcas de frenazo.

Por otra parte, y sobre la susodicha carta, la CHS denunciaba la falsedad de la misma. Juan Cánovas, presidente del órgano, decía que “era más falsa que el beso de judas”. La firma no coincidía con la del DNI, y aparecía con pseudónimo. Sin embargo, en sus contactos con la Fiscalía de Madrid dejó constancia de que, dada su posición en el interior del organismo, su identidad debía permanecer secreta. Además, según el Informe preliminar de la Brigada Científica Central de la Policía Judicial, aunque el nombre de la firma no coincide, todo apunta, por los trazos de la grafía, a que fue hecha por Oliveros. Desde luego, lo ideal sería que estuviera de cuerpo presente para defenderse. Pero está muerta.

La información ha sido extraída (entre otras fuentes) de una carta dirigida a la Ministra de Medio Ambiente Narbona (criminalizada en Murcia por el discurso difundido por el PP bajo el lema AGUA PARA TODOS) desde la Organización Pro-Río, vinculada a 147 colectivos concienciados con el problema y las víctimas de los delitos de robo de agua, víctimas no sólo de quienes la roban, sino incluso de los jueces y autoridades que deben llevar el caso y... ¿proteger al ciudadano?

Según esta organización, en contra de lo manifestado por el Fiscal General del Estado, no se está produciendo ninguna actuación por el caso de robo de agua denunciado por la señora Oliveros, caso que fue remitido desde la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la fiscalía de Murcia. Todo lo contrario. Una vez aquí, el caso parece haber sido abandonado, pues según parece, el fiscal jefe de Murcia no ve trama alguna, y además no investigará las multimillonarias defraudaciones al fisco que ha propiciado el susodicho negocio y que implican a políticos, terratenientes y empresarios. Y el Teniente Fiscal López Bernal (designado por el Fiscal General del Estado) dice que nadie ha solicitado investigar estos delitos contra la Hacienda Pública, lo cual no es verdad, pues la solicitud de que se proceda a la investigación fue hecha por parte de los denunciantes. Todas estas defraudaciones a la Hacienda Pública (ese dinero con el que deben contribuir los millonarios al bien público según la idea generalmente aceptada) constituyen la vía que demostrarían la existencia de turbios negocios en la Región. Pero no se está persiguiendo el fraude fiscal. En vez de eso, la fiscalía actúa “con inusual diligencia contra las víctimas de los delitos denunciados”.

Después de que el caso fuera remitido desde Madrid a Murcia, ni siquiera se ha llamado a declarar a los imputados, dando fe del total desentendimiento por parte de las autoridades regionales y poniéndose, así, bajo sospecha con relación a posibles vínculos con los denunciados. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 5 declaró su incompetencia para estudiar otro caso de corrupción de la finca “El Chopillo”, que es propiedad, entre otros, del magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Espinosa de Rueda). Estos terrenos forestados eran un bosque de pino mediterráneo que sufrió el mayor incendio de la historia del país en 1994 (quizá fueron ellos, y no uno de los miles de pirómanos sueltos por España que hacen su aparición, curiosamente, en verano: ver película La caja 507) Además, los propietarios de esta finca recibieron, por ella, subvenciones de Fondos Públicos de la UE. Pero lo relacionado con la finca “El Chopillo” lo veremos unas líneas más adelante, pues es mucho más escandaloso de lo que a priori parece.

Según esta carta de Pro-Río, se llega a extremos increíbles en cualquier Estado de Derecho: Antonio Cerdá, que es nada menos que Consejero de Agricultura, persigue en los tribunales a las víctimas del robo de agua y a todos aquellos que aparecieron en el programa de TVE Línea 900, titulado “Con el agua de todos”, y cuya investigación se basaba a su vez en la investigación de la fiscalía de Madrid. Nos dicen de Pro-Río: “Esta situación ha tenido el efecto perverso de situar en el centro de la diana a personas que aparecen en el citado programa de TVE y que pusieron en conocimiento del Fiscal General del Estado, las amenazas de muerte recibidas. El día 11 de Abril pasado se produjo el asalto a la casa de Architana, cuyas propietarias aparecían en el programa emitido por RTVE. Los autores del acto vandálico destrozaron con hacha el mobiliario de la casa y realizaron pintadas con spray rojo en las paredes: “ecologista”, a modo de insulto y “la próxima fuego””

Tal es la dejadez, que los afectados (que pronto se convertirán, irónicamente, en acusados) piensan elevar el caso a la Unión Europea, por considerar que los ladrones del agua tienen demasiada influencia en el Tribunal de Murcia, y que se persigue a las víctimas, en vez de a los verdugos. Lo cual se explica si se tiene en cuenta que, según la fiscalía de Madrid, hay claros indicios de que la CHS y la Consejería de Agricultura son cómplices en esta trama de corrupción.

Las consecuencias, nos dice Pro-Río, son claras: circulación de grandes sumas de dinero negro, estafa al Estado, destrucción de los espacios naturales (propiedad de todos los ciudadanos, de los que sólo unos pocos sacan provecho) y la construcción de inmensos complejos urbanísticos (semejantes a ciudades que emergen de la nada) con aguas robadas a los legítimos usuarios, con las cuales no sólo se edifica y se abastece a esta nueva población, sino que se riegan sus campos de golf.

Pero, a todo esto, Ramón Luís Valcárcel, presidente de la comunidad autónoma por el PP, el mismo que el día 18 paseaba por la Gran Vía de Murcia pancarta en mano por los derechos de los ciudadanos, contesta que: “la investigación de la Fiscalía de Madrid está perdiendo fuerza en Murcia” y que “ha quedado en mucho menos de lo que podía haber quedado”.(Diario La Opinión 23 Marzo 2004). Es decir, lo desmiente todo y, si la cosa llega más lejos, no dudará en convencer a todos los murcianos de que, si bien los extremeños quieren matarnos de sed, desde la fiscalía de Madrid también están urdiendo alguna sucia trama contra los intereses de todo buen murciano.

Otras fuentes sobre esta trama de corrupción de agua la encontramos también en un gran artículo publicado por la revista Interviú, en su número 1417. Desde luego, todo lo que aquí se lee da que pensar. Detrás de la trama de corrupción hay seis gigantes económicos que a su vez tienen ramificaciones urbanísticas por todo el litoral. Pero, aunque las denuncias de particulares y colectivos son constantes, los expedientes abiertos en la CHS quedan generalmente sin sanción alguna o sencillamente ni son estudiados, sino archivados. Además, añade que según un estudio que llegó al Ministerio de Medio Ambiente, en los últimos cuatro años se han extraído ilegalmente hasta 600 hectómetros de agua, lo cual equivale a la “práctica totalidad de la demanda prevista en los proyectos del trasvase del Plan Hidrológico Nacional” Esto es, que queda claro para qué y quiénes, el PP de José María Aznar (lo recuerdo poniendo el primer y último bloque en la inauguración) se empeñaba en semejante construcción bajo la excusa de la sequía y la falta de agua en Valencia y Murcia. Construcción de la que unos pocos se iban a beneficiar, pero que íbamos a pagar todos los españoles, de ahí la palabra final “Nacional”. Pues los empresarios que pensaban llevarse el agua del Ebro no estaban dispuestos a costearla. Y probablemente, de haberse llevado a cabo el PHN, no habría tardado ni diez minutos en ser privatizado a alguna empresa adjudicataria, con grandes beneficios para algunos allegados, tal como sucedió con Telefónica.

Los más beneficiados con la inacción por parte de la CHS con relación a las denuncias son: Mariano Espinosa Rueda, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que está implicado también en la obtención, tal vez fraudulenta, de fondos públicos. Él y sus hermanos tienen 56 expedientes abiertos en la Confederación, todos ellos sin sanción. Los grupos económicos más favorecidos son los encabezados por Mariano Roca Meroño; el magistrado y sus hermanos, el grupo empresarial Hernández Zamora, Aguas de Murcia, y las sociedades agrícolas de transformación La Forja, Carche Raspay y Abemar.

El caso de la finca El Chopillo, que hemos adelantado líneas arriba, merece una atención especial. Esta finca pertenecía a una serie de terratenientes que cobraban primas de la UE por repoblar un monte quemado en un incendio casual (el mayor de España en toda su historia), pero, en realidad, plantaban superficies de regadío. Estos terratenientes, además, poseen grandes inversiones en negocios inmobiliarios. La UCOMA (Unidad Antifraude de la Guardia Civil), investigó y corroboró todo esto, sin que ello tuviera efecto alguno sobre los culpables, revelando así que la justicia (quizá, siempre quizá) está metida en los casos de corrupción.

Desde esta finca (la cual conduce a otras tantas tramas de corrupción relacionada con el negocio inmobiliario) se obtenía fraudulentamente agua del embalse del Cenajo, que es el receptor de todos los caudales del río Segura. Es decir, que mediante pozos ilegales extraían el agua del pantano donde van a confluir las principales corrientes al río central. Controlar este embalse, por tanto, es tener literalmente en las manos los recursos hídricos del segura, y, con ellos, los de la región.

Ahora hablemos de los usos turísticos del agua, que también recoge el citado artículo de Interviú. Hay que destacar desde ya que, dependiente el sector turístico, en una zona de secano como Murcia, sobre todo del agua, quien controla este recurso controla también aquel sector, de lo cual ya podemos ir deduciendo que los negocios más productivos de Murcia están todos en manos de quienes tienen el control del agua en particular y de Murcia en general. Dicho control lo ejercen, sobre todo: La familia Espinosa de Rueda y Roca Meroño, quien tiene un grupo de sociedades inmobiliarias y de agricultura. Se ha aliado también con Hiberdrola, donde además tiene una gran influencia el hermano de Federico Trillo, Jesús Trillo Figueroa.

Según la fiscalía, “da la impresión de que existen dos CHS, una A y otra B”, pues en los expedientes más graves no se realiza una valoración del agua y las sanciones, de haberlas, son ridículas en comparación con las cifras que manejan estas empresas. Es decir, son de risa (por ejemplo 600 euros) El estudio de la fallecida Vicenta Oliveros descubría el modus operandi de la CHS, organismo, recordemos, de carácter público. Había unos funcionarios que se ocupaban de los asuntos de tono menor, más burocráticos y genéricos. Pero luego había un personal específico dedicado a los expedientes de más injundia, que a su vez era personal de confianza de los órganos directivos de la CHS. Esto puede parecer normal, como una especie de repartición de tareas entre profesionales más o menos expertos. Pero estos casos de mayor injundia no eran castigados, ni siquiera investigados, y son los que ponen a estos directivos en relación directa con los personajes más destacados de las tramas de corrupción, la cual conduce a los órganos de mayor responsabilidad civil: los de justicia.

Por ejemplo, en la sentencia de 1997 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia se eximía de sanción un expediente por uso irregular del agua. El ponente magistrado entonces era Espinosa de Rueda (el de El Chopillo, el de las subvenciones...) y sus compañeros de sala fueron Abel Sáez y Joaquín Moreno. Sorprende que, recusado Espinosa por ser parte en el proceso, fueron sus colaboradores quienes tomaron el relevo y se ocuparon luego de la investigación. Sobre este ponente (Espinosa de Rueda) planea la sospecha de haber recibido nada menos que 300 millones de pesetas de fondos europeos, y su mujer es la jefa del Gabinete Jurídico de la Presidencia de Murcia.

Podríamos ahora intentar hacer un balance de los que los murcianos han sacado en claro de toda esta corrupción. Sin embargo, esto es imposible, porque corrupción significa riqueza a raudales para unos, y miseria para otros. Pero de todas formas habrá otro artículo vinculado a la corrupción urbanística en el que se pondrán de relieve las ridículas infraestructuras públicas generadas por el gobierno del PP en todos sus años de mandato. Especial atención merece el caso de corrupción, que implica a todo el gobierno regional, de Portmán Golf S.A., en la Unión, triste tierra que continúa sufriendo las maquinaciones de los corruptos y poderosos desde que sus habitantes, hace ya un siglo, comenzaron a ser explotados para la extracción de carbón en las minas, además de la catástrofe ecológica y heroicas luchas de los vecinos de todo un pueblo (obreros) contra la especulación urbanística, contra legiones de policías, todo ello en los tiempos de Felipe González. Hay un documental terrible sobre aquel tiempo, que desde luego recomiendo. Este caso será recogido, además de la utilización de fondos públicos en Murcia para la construcción de megacentros comerciales de los que sólo unos pocos extraen beneficios. Se verá, entonces, que los nombres que aparecen en este artículo se vuelven a repetir incesantemente.

La idea con la que uno se queda siempre es que Murcia se la están quedando unos pocos, que hacen y deshacen a su antojo y que no dudan en aumentar la presencia policial y la vigilancia ciudadana cada vez que que alguna conducta les parece contraproducente a sus objetivos. En fin, técnicas típicamente fascistas de una aristocracia política corrupta hasta las entrañas. En otro artículo hablaré de esta represión, y de cómo Murcia ha ido cambiando poco a poco hasta ser un lugar en el que prácticamente no se puede vivir si uno siente la más mínima necesidad de ser libre. Pero son tantos y tantos los abusos que todo esto quedará, como he dicho, para otro artículo.

El Plan Bolonia debe someterse a referendum. Todos los ciudadanos deben saber lo que aquí se juegan.

(Al final del artículo puedes ver un vídeo sobre la represión policial en cataluña)

Después de lo ocurrido en Cataluña, de cómo se conduzca el Plan Bolonia por parte de los poderes públicos dependerá, inevitablemente, la fe ciudadana en la democracia y el Estado de Derecho.

Los medios de comunicación oficiales están legitimando y justificando la intervención policial en Cataluña contra los manifestantes. Y no sólo eso, sino que la forma en que difunden la noticia genera la ilusión de que en España está teniendo lugar lo que precisamente los manifestantes (entre los que me incluyo) echamos en falta. Cuando hablan de “disturbios”, parece como si la policía y los manifestantes hubieran protagonizado una trifulca. Eso nunca es así. Son los policías los que cargan, y los manifestantes los que corren. La ilusión consiste en hacer creer que existen dos frentes en igualdad de condiciones que han entrado en conflicto. Esta ilusión, además, refuerza en la psique del ciudadano, o al menos lo pretende, la idea de vivir en una democracia.

Cuando los medios explican la versión oficial del Plan de Bolonia, con todas sus ventajas, y luego difunden la idea que sobre el mismo plan tienen los manifestantes antibolonia, generan la ilusión (absolutamente falsa) de que en la sociedad, con respecto a la reforma universitaria, existe un marco de diálogo donde coexisten ideas enfrentadas que han de llegar a un pacto negociado. Los medios, además, critican duramente a los manifestantes basándose en las maravillas del Plan Bolonia. Así están justificando que sean los expertos los que decidan por todos, pues parece ser que nuestra profunda estupidez no nos deja ver ni comprender semejatnes maravillas. Pero los ciudadanos, todos, sin excepción, deben saber que no solamente se trata de si la reforma es o no beneficiosa a largo plazo. Lo que exigen los estudiantes trasciende la simple crítica a la reforma, y apunta a que todo el conjunto de la sociedad española esté representado en el proceso de decisión acerca de la reforma universitaria. Y que la información que obtenga sea también de la de los estudiantes contra el Plan. Pero de primera mano, y no a través de quienes se han autoproclamado, en los medios, sin que nadie se lo haya pedido, portavoces de los estudiantes, diciendo lo que pensamos acerca de las cosas sin que estemos delante para rectificar. Hoy, en un programa de tertulia, se daba la siguiente tesis: "los estudiantes ni siquiera saben qué es eso del Plan Bolonia. No lo entienden. Lo que ocurre es que, como jóvenes que son, se apuntan a todas estas movilizaciones antisistema" Pero no había presente ningún aludido para dar la réplica y demostrar públicamente si estamos o no informados.

Si las manifestaciones contra Bolonia continúan, si se ha radicalizado el discurso anti-bolonia hasta el extremo de negar la reforma rotundamente, es por la absoluta falta de diálogo democrático. A los estudiantes se les engaña una y otra vez. Se les promete, como sucedió en Murcia con el Rector Cobacho (cuya dimisión inmediata exige la Asamblea por mentiroso), que habrán jornadas de información y que los estudiantes pasarán a formar parte del proceso de elaboración y ejecución del plan, y esto no solamente no es cierto, sino que cada vez se está más lejos de este objetivo. Los ciudadanos que ven las noticias en la televisión oficial deben saber que no se trata solamente de si el Plan tendrá estas o aquéllas repercusiones, ni siquiera se trata de si los estudiantes universitarios estamos o no incluidos, sino que el Plan Bolonia es un proceso elaborado al margen de la sociedad, y es a la sociedad a la que se está apartando para que no estorbe. Nuestros derechos son pisoteados, pero no sólo los de estudiantes, sino los de todos. De hecho, se criminaliza al estudiante antibolonia para que el resto de los ciudadanos se distancien de él, para que no simpaticen con él, pues sólo así pueden llevar adelante la violación del derecho a elegir nuestro futuro, derecho que si es genérico, es porque es de todos, luego con esta estrategia se asguran pisotear a aquellos mismos a quienes convencen para que se aparten del movimiento estudiantil.

Lo ocurrido en Cataluña lo demuestra: existe un proyecto de reforma universitaria. Y los estudiantes, y con ellos el conjunto de la sociedad española, se lo va a tragar tal cual está confeccionado y en las fechas previstas. No se modificará en absoluto. Nadie introducirá una cláusula. Sólo nuestros políticos saben qué nos conviene. Y los españoles, resulta, que, viviendo en democracia, no tenemos derecho a decir nada. Rectifico: tenemos derecho a opinar, siempre y cuando dicha opinión no vaya en contra de los intereses de quienes nos gobiernan y, lógicamente, siempre y cuando la opinión, de ser contraria o sencillamente disonante, no modifique el estado de cosas actual, es decir, no transforme la realidad según el criterio del ciudadano.

Así que el ciudadano debe saber: Que la reforma de la Universidad Pública, sea más o menos provechosa a largo plazo, será decisiva. En ese sentido, los afectados por dicha reforma serán: los estudiantes que ahora están en la Universidad; los que saldrán antes de la Reforma, pues vivirán en una sociedad con una cierta clase de profesionales y trabajadores instruidos desde ese mismo Plan; los estudiantes de instituto y colegio, pues un día irán a la Universidad. Y con ellos, sus propias familias, que un día ingresarán a sus hijos en la Universidad y tendrán que afrontar un gasto económico que, de privatizarse la enseñanza, correrá estrictamente de su cuenta.

En fin. Independientemente de la naturaleza de la Reforma, es toda la sociedad la que, lo quiera o no, está involucrada. Y como tal, tiene derecho a decidir si quiere o no la reforma. Para ello es necesario someter la ley a referendum en todo el territorio. Pero sin trampa, es decir: antes del referendum deben abrirse espacios informativos en los medios de comunicación oficiales (que son los que más difusión tienen) para que las Asambleas de estudiantes, que efectivamente tienen otra visión acerca de la naturaleza del Plan Bolonia, puedan expresarse e incidir así en el resultado final en la misma medida que aquellos interesados en que salga adelante el Plan.

Así que el problema que ha planteado el Plan Bolonia se hace extensible al contexto social en que se enmarca: de un referendum efectivo (no sólo consultivo) con amplia información igualitaria ofrecida por todos los sectores en discordia (no representantes oficiales políticos o sindicales, sino las Asambleas de estudiantes, que son las que propiamente han organizado un discurso unitario y alternativo contra el Plan Bolonia), depende que los ciudadanos en general nos sintamos viviendo no solamente en una democracia teórica, sino efectiva. Es decir, no sólo que nos sintamos viviendo en democracia, sino que nos sepamos viviendo democráticamente.

Porque, con el lamentable ejemplo que ha dado la policía, y los políticos y los medios de comunicación en general, la fe en el Estado de Derecho, imprescindible para su desenvolvimiento, corre serio peligro de disolverse. Un sistema social no se sustenta mediante la violencia, ni porque los ciudadanos tengan más o menos dinero, o más o menos trabajo. Un sistema se sustenta en su propia legitimidad, la cual, y esto es un hecho demostrado por sociólogos importantes, viene siempre sancionada por la población en general. Hasta las tiranías más insoportables aguantan si la gente tiene fe en su necesidad. Pero si esta fe se pierde, entonces se recurre a la violencia, como la que hemos visto estos días. La violencia no es la esencia del Estado, sino su último recurso. De hecho, la violencia aparece cuando se abren brechas en la existencia del Estado, en su legitimidad. SE puede decir que la violencia, no contra el delincuente común, sino contra aquellos que quieren formar parte del proceso de decisión, no es la naturaleza de un ordenamiento, sino que, muy al contrario, anuncia su posible defunción.

Señores poderosos, tomen nota de lo que ha sucedido en Grecia. En una sociedad que dice ser democrática, un déficit democrático tan clamoroso socava los mismos cimientos de la sociedad, es decir, su misma legitimidad. O lo que es lo mismo: si los poderes están ahí para que exista democracia, y ésta brilla por su ausencia e incluso son los mismos poderes los que la ponen en peligro, el ciudadano se plantea la siguiente pregunta: ¿para qué queremos, entonces, a los poderes? Y acaba respondiéndose: Los poderes deben ser eliminados para que se cumpla lo que ellos mismos prometen, pues lo impiden.

Y la parafernalia de la democracia, el juego de recrear la ilusión televisiva de que existe un contexto de diálogo ciudadano regido por un moderador, no va a durar para siempre. Las mentiras, tarde o temprano, dejan de funcionar, y entonces la gente se encoleriza doblemente: por los males que sufre, y por haber sido engañada para que los aguante como si no tuvieran solución.

Video Sobre la represión policial contra los antibolonia

Sobre el PP valenciano, la corrupción política y económica, un sastre, pantalones, camisas y chaquetas

Los numerosos casos de corrupción en España arraigan tanto en una aristocracia política de origen franquista, como en las estructuras psicológicas que generó aquel sistema para naturalizar el abuso


El Partido Popular aglutina en sus filas a los políticos más corruptos del Reino de su Majestad. Eso, aunque no lo demuestren los jueces, lo sabemos todos. Realmente, más que como partido, debería definirse formalmente como: grupo mafioso, o mafiocracia, al que acceden los niños pijos de un linaje especial de españoles selectos con vistas a ejercer un poder sobre el resto del país y, de paso, enriquecerse. Yo intento elaborar un artículo sobre la corrupción urbanística y política en Murcia -decir urbanístico, corrupción y política en este país es decir lo mismo-, el mayor feudo del PP en España, y he tenido que dividir los casos en varios artículos especiales (robo de agua, urbanismo...) porque uno sólo con todos los casos actualmente investigados sería demasiado largo. Aburriría. Y esto teniendo en cuesta que se trata de una información a la que cualquiera puede acceder a través de Internet. A estos habrá que añadir los casos que ni se conocen, ni se conocerán jamás.

Deberíamos preguntarnos de una vez por todas cómo es posible que semejantes políticos no solamente tengan cabida en España, sino que además se reproduzcan como por esporas y que nunca caigan en manos de la Justicia. Se podría responder que la justicia es un órgano no independiente de la política. Si se examina el sistema de elección de altos cargos de CGPJ se verá que no sólo no hay una clara división, sino que la justicia está literalmente en manos de los intereses políticos. Pero esto es otro tema del que por cierto ya hablé en otro artículo con relación a Garzón.

Por otro lado, creo que existe otro factor de peso: Los españoles en general tienen como un cierto aguante para los casos de corrupción política. De hecho, para una gran parte de la población no son tan escandalosos como para la otra. Alegan que “ellos también lo harían, de estar en su lugar”, y esto porque asumen naturalmente que el acceso a la política no tiene su sentido en un auténtico interés por los asuntos sociales. Muchos ciudadanos vinculan a priori, ya digo que de forma natural, política y dinero fácil. Se ha asumido que esto es así.

Una explicación de este insólito fenómeno puede ser la vida en el régimen de Franco durante nada menos que 40 años. De hecho, yo personalmente considero que cuando se habla de franquismo la palabra “ilegal” pierde el significado específico que tendría en un auténtico ordenamiento jurídico y político. ¿Se puede hablar de corrupción política o económica durante este oscuro periodo de la triste historia de España? En realidad, no. Y esto es así porque se trata de un régimen golpista. Su desenvolvimiento está ligado a la ilegalidad. Da igual a qué leyes decimonónicas o a qué principios naturales apelaran en su día las tropas rebeldes para justificar su posicionamiento en contra de la República. Lo cierto es que quebrantaron la ley. El problema es que, una vez quebrantada, este acto se habría mantenido como ilegal si el golpe hubiera fracaso. Al tener éxito, se implantó en España una forma de gobierno -forma, por llamarla de algún modo- que ni siquiera contaba con un programa político, ideológico, identificable. Por eso la crítica al franquismo es tan ambigua. Por eso, mientras en otros lugares se habla de dictadura socialista, comunista, nacionalsocialista, fascista, en España debemos referirnos a la forma de gobierno con el mismo nombre que designa al gobernante, ya que no existen categorías políticas puras que puedan relativizar la función del régimen y hacer objetivos los casos de abuso de poder. Estuvo caracterizado por la Santa Voluntad de unos señores que, por la fuerza, hicieron suyo el país y luego lo utilizaron para enriquecerse, para consolidarse como clase dominante sobre otros españoles que corrieron peor suerte al defender la legalidad. Clase dominante que, de una forma u otra, llega hasta nuestros días.

España durante el franquismo fue el país del chanchullo. No sólo a nivel político. Las condiciones de vida fueron tan duras hasta bien entrados los años 50's (para algunos esta situación se prolongó durante muchos más años) que la gente corriente, los obreros, tenían que recurrir a toda suerte de artimañas para sobrevivir. Esta nueva picaresca, en el fondo, tenía su correlato en la clase dominante, en sus tejemanejes. Recordemos, por ejemplo, que en España, durante muchos años, no hubo política fiscal, y que la utilización de la peseta durante este tiempo era una simple cuestión de fe. De cara a las relaciones internacionales de comercio, se tenía que recurrir al trueque porque la peseta adquiría o perdía valor en función no de un mercado de valores, sino del favoritismo de algún Ministro con un empresario que había decidido dar el pelotazo con productos prohibidos por ley. Tener una amistad significaba tener riqueza. Ni siquiera se cobraban impuestos. En realidad, el imperio de la ley brilló por su ausencia. En un sistema legal se puede sobornar a un juez para que altere su veredicto, o a un funcionario de prisiones para que deje libre a un preso. Estos son casos de corrupción. En la España de Franco, sin embargo, estos casos constituían la norma. Todo era arbitrario. Los únicos valores eternos fueron los exigidos a la población sometida.

La diferencia esencial estriba en que los españoles corrientes lo hacían por necesidad, para subsistir nada más y a duras penas, mientras que los otros lo hacían para enriquecerse y vivir entre los más fastuosos lujos a la vez que pregonaban el ayuno, la abstinencia y la humildad cristianas. Se instaló en España, hasta la llegada de un sistema político (mejor o peor, pero sistema a fin de cuentas), una forma marrullera de hacer política y de vivir cotidiano que a veces se confundían. El asalariado de hoy día, al tener una nómina, posee ahora pocas oportunidades de estafar al sistema. Sin embargo, lo que ha quedado de todos esos años no es ya su habilidad para sobrevivir, su picaresca, sino la increíble tolerancia a los casos de corrupción que vemos en este país. De momento, ya tenemos una tesis: la corrupción de los políticos, esto es, el usar la política como vía directa al enriquecimiento, así como el beneplácito que dan a esta corrupción muchos ciudadanos (sin el cual no podría desenvolverse) tiene su origen quizá antes del franquismo, pero sin duda fueron esos 40 años los que por fin institucionalizaron la corrupción hasta disolverla tanto en la forma de actuación política en particular como en la mentalidad del español en general.

Fue, pues, una enfermedad endémica del franquismo, que comenzó el día del levantamiento contra un Gobierno legítimo. Y fue este mismo sistema de golpistas quien naturalizó la corrupción hasta convertirla en la norma. Incluso los socialistas de Felipe Gonzalez, que se presentaron como serios estadistas después de años de chanchullos, cayeron finalmente en la trama interminable de la corrupción. No obstante, es injusto que la derecha (desde el diario El Mundo) elaborara un discurso gracias al cual la palabra “pelotazo” y la corrupción política de esta clase iba a pasar a la historia ligada irremediablemente a los socialistas de entonces y a la época que va de finales de los 80's hasta que perdieron las elecciones, pasando por la Exposición Universal de Sevilla del 92. Es injusto, digo, porque la derecha mejor que nadie sabe que esta forma de corrupción viene de muy atrás, concretamente de las mismas filas de donde ellos han salido.

Podríamos todavía preguntarnos qué otros elementos contribuyen a la normalización de la corrupción. Estoy seguro de que son muchos los ciudadanos que se sentirían indignados si llegaran a conocer la ingente cantidad de casos que están siendo investigados con relación a la trama de corrupción que atañe sobre todo al Partido Popular (lo que no significa que no alcance también al PSOE, pero eso es otra historia). Los ciudadanos continúan fiándose de las noticias que difunden los medios de comunicación de masas. Aún distinguen entre la seriedad y veracidad que rodea un espacio de tertulia política y el carácter informal de otros espacios, como los del corazón. Sin embargo, lo que se está difundiendo en estos espacios de supuesta tertulia política con relación a la corrupción política y económica del Partido Popular es para sospechar. De hecho, por más que cada día machaquen al telespectador con numerosos casos del PP valenciano, uno llega a preguntarse si la función de los medios no estará siendo, realmente, la de desinformar sobre la naturaleza de la corrupción política en el país.

Sólo dos ejemplos: en Alicante al alcalde popular, Luis Díaz Alperi, y dos concejales, han sido imputaos por el juez por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. El alcalde ha sido acusado por el partido de la oposición por aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para favorece un centro privado mediante una concesión administrativa encubierta en un solar reservado para un colegio público. El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Además de las acusaciones contra el alcalde hay otros dos imputados, dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. Pero sus casos fueron archivados. Solicitaban créditos para financiar obras y servicios no presupuestados.

Se pude continuar. Los casos son infinitos y se extienden hasta Murcia, conectados con la trama Marbellí que se llevó por delante, solamente, a Julián Muñóz, el chivo expiatorio, la cabeza cortada, sangrante y exhibida por televisión, de poderes que jamás nos estará permitido identificar, y cuyos nombres, quizá, nos tropezamos cada día en la calle en la forma de los más respetables logotipos, carteles e incluso anuncios de televisión. Recordemos el caso Zaplana de Terra Mítica y las facturas falsas. En todos estos casos se manejan cifras multimillonarias (300 millones de euros, 400 millones) Un vistazo rápido por internet podrá sacar a cualquiera de dudas.

Y con todo este trasfondo, que por cierto todos los españoles conocemos perfectamente, y que probablemente será más escandaloso de lo que la justicia, y nuestra propia imaginación, reconocerá jamás, hoy, en la cadena de televisión privada Cuatro, en la tertulia política de sobremesa, hablaban de unos trajes del señor Francisco Camps. No se cuántos pantalones y camisas y chaquetas. PANTALONES, CAMISAS Y CHAQUETAS. Repito, por si no se ha captado la gravedad, no del delito de Camps, sino del de los medios de comunicación en su tertulia política: hoy, el debate político trataba sobre cuántos PANTALONES, CAMISAS Y CHAQUETAS le han regalado a Camps. Federico Trillo también tiene algo que ver en todo esto, y la trama gira en torno a un sastre maléfico. No en torno a banqueros multimillonarios, multinacionales del ladrillo, alcaldes y demás miembros electos de la santa institución pública española, constructores, inmobiliarias, empresarios... NO, sino que giraba en torno a un SASTRE. y sus pantalones, camisas y chaquetas ¿De verdad piensan que nos vamos a tragar ese camelo?

Volvemos al principio de este artículo. ¿Es el Partido Popular el partido más corrupto del país? Con independencia de lo que digan los medios, es voz popular que los casos de corrupción urbanística en España son vergonzosos. Hablamos de una forma de enriquecimiento que, a diferencia de la corrupción del PSOE de González, va a cambiar, a la larga, la fisionomía del país, las relaciones políticas y, sobre todo, sociales. La corrupción ha sido la norma y amparada por el negocio del ladrillo de ella ha surgido una elite económica tan poderosa que va a ser difícil liberarse de su gobierno en las sombras, y más difícil va a ser todavía que no notemos las consecuencias durante muchos años.

El oscurecimiento de la vida que poco apoco vivimos, y que por ahora muchos no saben aún calificar, pero que sí sienten, se debe a este extraño proceso de cambio hacia formas de gobierno que de vez en cuando trascenderán el conservadurismo para mostrarse plenamente fascistas. Otras formas de explotación de la clase obrera, otras formas de represión y otras formas de vigilancia propias de un Estado sin libertad, están llamando a las puertas. De hecho, las tenemos ya dentro, configurando nuestro entorno, pero todavía son muchos los que se niegan a verlo porque la clase media aún no ha protestado en serio.

A pesar de que la crisis es global, en España su naturaleza responde sobre todo al modelo de crecimiento económico de los últimos años, ese que ha vuelto a generar pobreza para algunos, riqueza para otros, injusticia, endeudamiento de las familias y una diferencia intolerable entre las clases sociales, entre las que ahora hay que destacar a las muy pobres. Si experimentamos alguna clase de libertad parcial durante la década inmediatamente posterior a la transición, aquello se acabó, señores. Y el fondo de todo esto son los millonarios surgidos al amparo de la corrupción política y financiera del país. Y Cuatro hablando de la trama en torno a un sastre.

El caso del Juez Garzón pone al descubierto el absoluto déficit democrático del Reino

El caso del juez Garzón pone en evidencia los estrechos vínculos entre política y justicia, sancionados por ley fundamental en 1978, y unas intrigas palaciegas del Reino de España que atrapan a Todos.

Antes de entrar en las polémicas de corral o de la gran parafernalia de la democracia representada por las tertulias políticas de las principales cadenas de Televisión (sobre todo Cuatro, donde están presentes los Partidos mayoritarios a través de sus periodistas, que se hacen pasar por objetivos), hay que analizar quién y por qué los hilos de la justicia se mueven al son de un calculado ritmo marcado por los tejemanejes políticos, y luego se difunde por los medios con milimétrica precisión para lograr los efectos necesarios de la opinión pública.

Esto es, saber qué relación existe entre justicia y política. Ya sabemos de sobra la que hay entre política y mass media, y entre política y economía. Con respecto a la justicia, alguna relación parece que hay, pues las coincidencias son de tal calibre que deben hacer sospechar a cualquiera con dos dedos de frente. Hablo de las siempre oportunas (para algunos) ilegalizaciones masivas de partidos políticos en Euskadi en vísperas de elecciones. Hablo de la sospecha que se cierne sobre el juez Garzón -anteriormente elevado a héroe nacional cuando los partidos del reino estaban de acuerdo con sus procedimientos y ninguno dudaba de su catadura moral- justo cuando dicho juez decide arremeter contra casos de corrupción que, llevados hasta el extremo, sin duda podrían desmantelar un grupo político tan bien armado como el PP, pues en él parece que la corrupción es norma y, si dijeran de tirar de la manta, no se libraría ni el Tato.

Así que vamos a ilustrarnos: Según Ley Orgánica del Poder Judicial, reformada en 2005, para elegir a los magistrados del Supremo y a los presidentes del Tribunal Superior de Justicia (TS y TSJ, respectivamente), es necesaria una mayoría de los tres quintos de los 20 vocales del pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Los cargos más importantes de la justicia en el Estado dependen de este órgano: CGPJ. Él promueve y sanciona a los que componen las más dignas y altas filas del Reino de España. Así que, ahora, lo importante es ver qué se ha hecho en dicho Reino para asegurar esa independencia de los poderes. Independencia necesaria, por otro lado, para que el ciudadano confíe en que los políticos son tan iguales, tan ciudadanos, como el resto de los ciudadanos de a pie, esos que no se mueven en las altas esferas ni tienen contactos importantes ni chanchullos de tal relevancia que deban ser sacados adelante a golpe de Ley. Independencia para que, en caso de abuso, los ciudadanos tengan un poder, al menos uno, al que puedan apelar.

Veamos, pues, cómo se ha asegurado esta independencia del CGPJ, órgano clave. Podría, como en otros países, haberse practicado una efectiva división de poderes. Sin embargo, aquí el modelo fue típicamente Ibérico. Recordemos que todos estos sistemas se desarrollaron al amparo de la sobrevalorada (hipersobrevalorada) Transición Española, esa que nos conducía hacia el reino de la libertad, la igualdad y el desarrollo. O, al menos, hacia el Reino, a secas. Este fin último, desde luego, nadie podrá decir que no se cumplió a rajatabla. Todos los implicados en el proceso de la Transición, a parte de la Corona, que se aseguró su lugar privilegiado como garante del Estado Español, de su gloriosa Unidad -ideal para que los españoles no nos metiéramos de pleno en eso de la libertad, sino poco a poco, con mesura, dirigidos, tutelados por el sucesor electo del golpista Franco- fueron partidos políticos.

Da igual ahora de qué color. Todos -a excepción de los que o no estaban legalizados o mostraron su desacuerdo- se lanzaron a por su parte del pastel. Todos decidieron ser pragmáticos y sancionar el invento ese de la Monarquía Parlamentaria con tal de estar ahí -bueno, los republicanos no estaban legalizados todavía, oh gran casualidad- Todos los que pactaron en Moncloa fueron partidos políticos, y crearon una España a su medida, -más a medida de la Corona a partir del ¿fallido? Golpe del 23 F-, medida que, a algunos, con el tiempo y por minoritarios, les ha salido rana. Recordemos en este punto que en la mayoría de ocasiones, por no decir en todas, estos partidos no contaban, en el momento de su legalización, con el apoyo directo de las bases sociales, sino que tal apoyo fue creado a posteriori de su legalización en un contexto democrático a fuerza de propaganda electoral. Los partidos, en este sentido, tuvieron antes el apoyo de las potencias internacionales que el de los mismos españoles, apoyo que, después, les serviría para ganarse al electorado con panfleto, promesa y slogan.

Ahí va: Para que tal órgano funcionase con independencia, se estableció, en 1978, que aquellos vocales designados por las Cortes (8 o 20 en función de los distintos sistemas que se han sucedido en el tiempo) tuvieran el apoyo de tres quintos de los diputados y tres quintos de los senadores.

¿Qué encubre esto? En vez de buscar una independencia verdadera, sólo se lograba que el CGPJ no estuviera influido por un sólo partido político, o dos. Veamos. Esto sería independencia si existiera la garantía de que todos los partidos políticos tienen una representación igual. Esto es imposible, primero porque aquí, en la zona Ibérica, se practica como un deporte eso de la ilegalización. Por otra parte, en un país donde estar o no representado y el nivel de representación, en su caso, depende de los votos, iría directamente en contra de este principio de la democracia representativa (tan problemática como real y efectiva es la directa). O sea, que para que todos los partidos -bajo el supuesto hipotético de que ninguno fuera ilegalizado en el transcurso del tiempo infinito, pues la adscripción al modelo monárquico implica tragarnos a generaciones sucesivas- tuvieran incidencia sobre dicho órgano, partidos en principio sin apoyo popular tendrían que estar ocupando sillones de influencia en el mismo número que los partidos con apoyo. Un disparate.

En fin. Si ya de por sí el sistema es pobre y limitado, pues no garantiza la independencia de la política, sino sólo que la influencia asumida y declarada se reparta entre los políticos -esto es, no sólo no mantiene la independencia de la política sino que pone la justicia en sus manos según Carta Magna (claro, ellos la redactaron)- mucho más trágico resulta el desenlace cuando el espacio político es ocupado totalmente por dos fuerzas mayoritarias. Este y no otro peligro esconden los “Pactos de Estado”, que los comentaristas aclaman como una virtud pero que supone un auténtico cáncer.

No quedan vinculados los jueces a un partido en concreto, sino a la política en general, política que, a la larga, se concentra en manos de dos grandes partidos: PSOE y PP. Estas pasadas elecciones vimos cómo la derecha, con el lobo del comunismo y la crisis, aumentaba su representación tirando de los sectores más extremos, a la vez que el PSOE, con el lobo del franquismo y la ultraderecha, conservaba la suya. Gracias a los lobos de una parte y de otra, inundaban la estadística de azul y rojo. Desde entonces, hemos visto desacuerdos que han paralizado literalmente los órdenes más supuestamente independientes de la Justicia del Reino.

Hoy, en el patio de porteras de la cadena de Televisión Cuatro, en su apartado de política (jajaja) un representante del grupo VOCENTO al que le interesa la mancillada imagen del juez, decía: ¿Van ustedes a poner en duda la imparcialidad del Poder Judicial en España? Y todos contestamos: por supuesto que no. No porque exista un sistema legal que garantice tal independencia, sino porque en España seguimos siendo católicos y tenemos fe en la buena voluntad de los jueces. Es decir, que pudiendo politizarse el sistema judicial de hecho y de derecho, confiamos, ciegamente, en que no lo haga. Igual que confiamos en nuestro Rey, quien sólo entra en la Carta Maga para que quede claro que ni a él ni a su familia lo atrapa ley alguna (contradicciones de toda Constitución con Soberano). Aquí todo es cuestión de que, quienes nos gobiernan, sean benévolos y tengan misericordia de nosotros. Otra vez, podemos ser considerados españolitos a la vieja usanza.

Con este desaguisado, hoy leíamos en los periódicos que el CGPJ abría una investigación al Juez Garzón por ingresos en New York a través del Banco Santander, por unas conferencias que, desde luego, pagan bien. Sucedió entre el 2005 y el 2006, por 203.000 dólares (un huevo de euros y no digamos de pesetas) Parece ser que no avisó de tales ingresos, así que siguió cobrando su sueldo. El ex-ministro de la Gerra Federico Trillo, aquel cuya catadura moral nadie pone en duda (cuestión de fe, no de justicia) y que iba diciendo aquello de que le dieran un euro por pregunta sobre la Guerra de Irak, soltaba hoy otra perla: que el juez, lo que debe hacer, es desaparecer. Desde luego, se dice, sus 203.000 dólares no pueden compararse con los modestos regalos que le hicieron al de Valencia (aunque, entre nosotros, seguro que fue algo más que unos trajes, pues yo sí dudo, y mucho, de la catadura moral de TODOS los que nos gobiernan. En fin, no tengo FE, soy un ateo, no creo en la benevolencia de esa pluralidad de dioses que nos vigilan y gobiernan según sus caprichos e intereses de casa de Gobierno, del Olimpo. No quiero fe, sino certidumbre)

¿Qué debemos pensar los vasallos del Reino? ¿Que Garzón está corrupto? ¿Que lo está el PP? ¿Que sólo es otra de las sucias campañas de imagen llevadas adelante por el PP a través de sus medios y que tan buenos resultados les ha dado en las autonómicas? ¿Que Garzón es bueno cuando ilegaliza partidos de izquierdas en Euskadi, pero no cuando arremete contra el PP? ¿Que arremete contra el PP instado por el PSOE? ¿Que lo hace por un elevado sentido de la justicia? ¿Que PSOE y PP están intentando hundir a Garzón porque el PP ha salido ganando la partida al PSOE y tiene a éste cogido por los huevos? ¿Que todos están corruptos hasta las entrañas? ¿Que la culpa la tiene Bermejo? ¿Que no la tiene nadie? ¿Que los noticiarios no son más que un correlato de los intereses de partido que, además, manipulan la opinión pública desde el aparato de televisión? ¿Que en la casa de las dagas voladoras las ostias pueden venirte de cualquier parte, e incluso de todas a la vez, y que no te libras ni siendo Garzón?

¿Todas las anteriores opciones a la vez?

¿Ninguna?

¿Si?

¿No?

¿A veces?

Hagan sus apuestas y añadan alguna que otra posibilidad más. La que se les ocurra, sin miedo, no tiene por qué estar fundada, y les diré por qué:

Porque: La política en España es tan antidemocrática, la división de poderes tan ficticia, tan sectaria, la basura alcanza a tantos políticos, a tantos jueces, a tantos empresarios y banqueros forrados, el déficit democrático es tan evidente, el Estado de Derecho ha reservado eso del Derecho tan para sus propios líos turbios de clase, es todo tan sumamente chabacano, tan escandaloso, tan bananero, que los españoles sólo podemos especular, hacer cábalas sobre qué pasará en las sombras de los pasillos del Castillo de España, en sus rincones a oscuras, qué tramas se estarán urdiendo entre bisbiseos, a qué príncipe apuñalarán el siguiente para ocupar su cargo, quién será la víctima de la codicia del próximo trepador. Y todo esto tutelado por nuestro magnífico Rey.

Su cábala puede ser un disparate, pero no por ello puede usted ser tachado de incompetente. En Sombras y Tinieblas, a Woody Allen le dicen que forma parte de un plan, pero no le cuentan nunca en qué consiste. Él, claro, lo va haciendo todo mal, pues desconoce el famoso plan. Cuando le reprochan ser un incompetente, él contesta: “no tengo la información necesaria para ser un incompetente”

Es política y además de la buena, de la secreta, así que todo vale. Es política con dos caras, una para afuera, sonriente y amable, limpia, casta y santa, que en todas las materias nos pide fe y confianza (judicial, económica, laboral), y otra para adentro, sórdida y llena de traidores. Sólo podemos hacer cábalas porque sólo hay intriga palaciega. Eso, con el siguiente peligro: que al hacer cábalas con los datos de que disponemos, y siendo estos datos difundidos por los mismos poderes que nos gobiernan, quizá, sin saberlo, estemos posicionándonos a favor de algún poder, sin saberlo, es decir, dejando que los dioses del Olimpo se expresen a través de nosotros para poner sus ideas en circulación a través de nuestra ingenua boca, sin permiso, claro.

La verdad, a mí, a estas alturas, me da igual que Garzón sea o no honrado. No quiero decir nada ni defender a nadie, no vaya a ser que esté haciéndole el juego sucio a un poder que ni conozco, ni deseo conocer.

Yo, llegados a este punto, sólo creo que en la realidad de millones de parados.