Detrás del "agua para todos", y de las manifestaciones por el trasvase Tajo-Segura, se esconde la que quizá sea la mayor trama de corrupción política, económica y judicial de toda España. Murcia SOS
El pasado día 18 de Marzo, a las 5 de la tarde, se convocaba una manifestación en Murcia en defensa del Trasvase Tajo-Segura, contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha, que prevé la caducidad del trasvase Tajo-Segura para el año 2015. Todas las autoridades públicas relacionadas con el trasvase se dieron cita a la señalada hora: El PP de Murcia, de Valencia y Almería; el PSOE de Murcia, Andalucía y Valencia, IU-LV de Murcia y UpyD, además de asociaciones empresariales y patronales. La derecha más reaccionaria se apuntaba así al invento progresista de la manifestación, como es el caso de la Iglesia, la policía e incluso la justicia. Hubo música de Joan Manuel Serrat, Mediterráneo, quizá para que los asistentes se sintieran imbuidos del espíritu de mayo del 68. Y hasta de Celtas Cortos (La lluvia cae en soledad), para que se vea que los políticos españoles y murcianos son enrollados y modernos.
La afluencia fue masiva, pues las autoridades se encargaron de contratar hasta un millar de autobuses (presumiblemente pagados con dinero público) para que los murcianos pudieran acudir desde todos los puntos de Murcia. El dispositivo fue excepcional. Grandes camiones con megáfonos donde se les decía a los murcianos, reiteradamente, en plan Minuto de Odio de Gran Hermano, que desde Castilla la Mancha nos quieren quitar el agua que tanto necesitamos para beber. Se desplegaron multitud de furgonetas de servicios sanitarios para socorrer inmediatamente a quien lo necesitara. Y la Policía estuvo atenta en todo momento a que los manifestantes no sufrieran ningún percance, vigilando también por la seguridad de los altos cargos públicos que acudían, como Ramon Luís Valcarcel, presidente de la comunidad autónoma, y Francisco Camps. De hecho, incluso sobrevoló la zona un helicóptero de la policía. (Magnífica actitud de protección de la policía que contrasta sobremanera con la que tuvo el pasado día 12 de Marzo contra los manifestantes anti-bolonia, a los que no permitía entrar en la universidad pública. Pero esto es otra historia)
Esta manifestación estuvo organizada para atraer el agua del trasvase y concienciar a los ciudadanos de que en Murcia se necesita agua para beber. Sin embargo, a poco que se bucee en el tema del agua en esta región, se encuentran casos que apuntan a usos totalmente indebidos de este bien público, relacionados con ricos terratenientes, importantes constructores, funcionarios de la administración pública y hasta jueces. De hecho, parece que existe toda una trama de robo de agua por parte de ciertos grupos económicos, denominados también “aguatenientes”, que extienden sus influencias por toda España y que están generando el mayor caso de deterioro de las instituciones públicas y los derechos civiles sufrido en la España democrática, dado que han alcanzado y corrompido al mismísimo Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Hay hasta un posible asesinato. Casos de corrupción tal alarmantes que puede hablarse, en esta región, de toda una mafia organizada en torno al negocio del agua, que implica blanqueo de dinero, sobornos a funcionarios públicos, delitos contra el fisco, subvenciones cobradas de fondos Europeos que han ido a los bolsillos privados de jueces relacionados con grupos empresariales, el mayor incendio de monte de la historia del país.... Lo vemos:
Todo esto comenzó a salir a flote con una carta de Vicenta Oliveros a la Fiscalía de Madrid. Vicenta Oliveros ERA jefa de los servicios jurídicos de la CHS (Confederación Hidrográfica del Segura), órgano (Público, dependiente de Medio Ambiente) máximo en cuestiones de reparto de agua y el que debe velar por la legalidad del mismo. En esta carta, firmada el 8 de Julio del año 2002, denunciaba graves relaciones entre los poderes económicos y políticos y los altos cargos de dicho órgano gestor de los recursos hidrográficos, aportando pruebas de que estaban metidos hasta el cuello en una trama de robo de agua. Ahora desglosaremos todos estos casos, que desde luego son de película americana a lo Informe Pelícano o Chinatown. Pero antes, un minuto de silencio por esta señora, pues el 21 de Julio de 2002 fallecía junto con su esposo Antonio Bernabé (jefe de prensa de la CHS) y su hijo pequeño de seis años, en un aparatoso accidente de tráfico justo cuando se dirigía a la Fiscalía de Madrid para volver a declarar sobre la corrupción interna de la CHS. Tal declaración la haría (nunca llegó a realizarse) frente al fiscal decano de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio. La Guardia Civil aún no ha cerrado la investigación sobre el accidente. De hecho, el coche fue enviado a la casa Mercedes para investigar la holgura en la dirección. Además, circulaba por una recta por el término municipal de Seseña, Toledo, y más extraño aún resulta que, a pesar de haberse salido de la carretera, no hubieran marcas de frenazo.
Por otra parte, y sobre la susodicha carta, la CHS denunciaba la falsedad de la misma. Juan Cánovas, presidente del órgano, decía que “era más falsa que el beso de judas”. La firma no coincidía con la del DNI, y aparecía con pseudónimo. Sin embargo, en sus contactos con la Fiscalía de Madrid dejó constancia de que, dada su posición en el interior del organismo, su identidad debía permanecer secreta. Además, según el Informe preliminar de la Brigada Científica Central de la Policía Judicial, aunque el nombre de la firma no coincide, todo apunta, por los trazos de la grafía, a que fue hecha por Oliveros. Desde luego, lo ideal sería que estuviera de cuerpo presente para defenderse. Pero está muerta.
La información ha sido extraída (entre otras fuentes) de una carta dirigida a la Ministra de Medio Ambiente Narbona (criminalizada en Murcia por el discurso difundido por el PP bajo el lema AGUA PARA TODOS) desde la Organización Pro-Río, vinculada a 147 colectivos concienciados con el problema y las víctimas de los delitos de robo de agua, víctimas no sólo de quienes la roban, sino incluso de los jueces y autoridades que deben llevar el caso y... ¿proteger al ciudadano?
Según esta organización, en contra de lo manifestado por el Fiscal General del Estado, no se está produciendo ninguna actuación por el caso de robo de agua denunciado por la señora Oliveros, caso que fue remitido desde la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la fiscalía de Murcia. Todo lo contrario. Una vez aquí, el caso parece haber sido abandonado, pues según parece, el fiscal jefe de Murcia no ve trama alguna, y además no investigará las multimillonarias defraudaciones al fisco que ha propiciado el susodicho negocio y que implican a políticos, terratenientes y empresarios. Y el Teniente Fiscal López Bernal (designado por el Fiscal General del Estado) dice que nadie ha solicitado investigar estos delitos contra la Hacienda Pública, lo cual no es verdad, pues la solicitud de que se proceda a la investigación fue hecha por parte de los denunciantes. Todas estas defraudaciones a la Hacienda Pública (ese dinero con el que deben contribuir los millonarios al bien público según la idea generalmente aceptada) constituyen la vía que demostrarían la existencia de turbios negocios en la Región. Pero no se está persiguiendo el fraude fiscal. En vez de eso, la fiscalía actúa “con inusual diligencia contra las víctimas de los delitos denunciados”.
Después de que el caso fuera remitido desde Madrid a Murcia, ni siquiera se ha llamado a declarar a los imputados, dando fe del total desentendimiento por parte de las autoridades regionales y poniéndose, así, bajo sospecha con relación a posibles vínculos con los denunciados. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 5 declaró su incompetencia para estudiar otro caso de corrupción de la finca “El Chopillo”, que es propiedad, entre otros, del magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Espinosa de Rueda). Estos terrenos forestados eran un bosque de pino mediterráneo que sufrió el mayor incendio de la historia del país en 1994 (quizá fueron ellos, y no uno de los miles de pirómanos sueltos por España que hacen su aparición, curiosamente, en verano: ver película La caja 507) Además, los propietarios de esta finca recibieron, por ella, subvenciones de Fondos Públicos de la UE. Pero lo relacionado con la finca “El Chopillo” lo veremos unas líneas más adelante, pues es mucho más escandaloso de lo que a priori parece.
Según esta carta de Pro-Río, se llega a extremos increíbles en cualquier Estado de Derecho: Antonio Cerdá, que es nada menos que Consejero de Agricultura, persigue en los tribunales a las víctimas del robo de agua y a todos aquellos que aparecieron en el programa de TVE Línea 900, titulado “Con el agua de todos”, y cuya investigación se basaba a su vez en la investigación de la fiscalía de Madrid. Nos dicen de Pro-Río: “Esta situación ha tenido el efecto perverso de situar en el centro de la diana a personas que aparecen en el citado programa de TVE y que pusieron en conocimiento del Fiscal General del Estado, las amenazas de muerte recibidas. El día 11 de Abril pasado se produjo el asalto a la casa de Architana, cuyas propietarias aparecían en el programa emitido por RTVE. Los autores del acto vandálico destrozaron con hacha el mobiliario de la casa y realizaron pintadas con spray rojo en las paredes: “ecologista”, a modo de insulto y “la próxima fuego””
Tal es la dejadez, que los afectados (que pronto se convertirán, irónicamente, en acusados) piensan elevar el caso a la Unión Europea, por considerar que los ladrones del agua tienen demasiada influencia en el Tribunal de Murcia, y que se persigue a las víctimas, en vez de a los verdugos. Lo cual se explica si se tiene en cuenta que, según la fiscalía de Madrid, hay claros indicios de que la CHS y la Consejería de Agricultura son cómplices en esta trama de corrupción.
Las consecuencias, nos dice Pro-Río, son claras: circulación de grandes sumas de dinero negro, estafa al Estado, destrucción de los espacios naturales (propiedad de todos los ciudadanos, de los que sólo unos pocos sacan provecho) y la construcción de inmensos complejos urbanísticos (semejantes a ciudades que emergen de la nada) con aguas robadas a los legítimos usuarios, con las cuales no sólo se edifica y se abastece a esta nueva población, sino que se riegan sus campos de golf.
Pero, a todo esto, Ramón Luís Valcárcel, presidente de la comunidad autónoma por el PP, el mismo que el día 18 paseaba por la Gran Vía de Murcia pancarta en mano por los derechos de los ciudadanos, contesta que: “la investigación de la Fiscalía de Madrid está perdiendo fuerza en Murcia” y que “ha quedado en mucho menos de lo que podía haber quedado”.(Diario La Opinión 23 Marzo 2004). Es decir, lo desmiente todo y, si la cosa llega más lejos, no dudará en convencer a todos los murcianos de que, si bien los extremeños quieren matarnos de sed, desde la fiscalía de Madrid también están urdiendo alguna sucia trama contra los intereses de todo buen murciano.
Otras fuentes sobre esta trama de corrupción de agua la encontramos también en un gran artículo publicado por la revista Interviú, en su número 1417. Desde luego, todo lo que aquí se lee da que pensar. Detrás de la trama de corrupción hay seis gigantes económicos que a su vez tienen ramificaciones urbanísticas por todo el litoral. Pero, aunque las denuncias de particulares y colectivos son constantes, los expedientes abiertos en la CHS quedan generalmente sin sanción alguna o sencillamente ni son estudiados, sino archivados. Además, añade que según un estudio que llegó al Ministerio de Medio Ambiente, en los últimos cuatro años se han extraído ilegalmente hasta 600 hectómetros de agua, lo cual equivale a la “práctica totalidad de la demanda prevista en los proyectos del trasvase del Plan Hidrológico Nacional” Esto es, que queda claro para qué y quiénes, el PP de José María Aznar (lo recuerdo poniendo el primer y último bloque en la inauguración) se empeñaba en semejante construcción bajo la excusa de la sequía y la falta de agua en Valencia y Murcia. Construcción de la que unos pocos se iban a beneficiar, pero que íbamos a pagar todos los españoles, de ahí la palabra final “Nacional”. Pues los empresarios que pensaban llevarse el agua del Ebro no estaban dispuestos a costearla. Y probablemente, de haberse llevado a cabo el PHN, no habría tardado ni diez minutos en ser privatizado a alguna empresa adjudicataria, con grandes beneficios para algunos allegados, tal como sucedió con Telefónica.
Los más beneficiados con la inacción por parte de la CHS con relación a las denuncias son: Mariano Espinosa Rueda, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que está implicado también en la obtención, tal vez fraudulenta, de fondos públicos. Él y sus hermanos tienen 56 expedientes abiertos en la Confederación, todos ellos sin sanción. Los grupos económicos más favorecidos son los encabezados por Mariano Roca Meroño; el magistrado y sus hermanos, el grupo empresarial Hernández Zamora, Aguas de Murcia, y las sociedades agrícolas de transformación La Forja, Carche Raspay y Abemar.
El caso de la finca El Chopillo, que hemos adelantado líneas arriba, merece una atención especial. Esta finca pertenecía a una serie de terratenientes que cobraban primas de la UE por repoblar un monte quemado en un incendio casual (el mayor de España en toda su historia), pero, en realidad, plantaban superficies de regadío. Estos terratenientes, además, poseen grandes inversiones en negocios inmobiliarios. La UCOMA (Unidad Antifraude de la Guardia Civil), investigó y corroboró todo esto, sin que ello tuviera efecto alguno sobre los culpables, revelando así que la justicia (quizá, siempre quizá) está metida en los casos de corrupción.
Desde esta finca (la cual conduce a otras tantas tramas de corrupción relacionada con el negocio inmobiliario) se obtenía fraudulentamente agua del embalse del Cenajo, que es el receptor de todos los caudales del río Segura. Es decir, que mediante pozos ilegales extraían el agua del pantano donde van a confluir las principales corrientes al río central. Controlar este embalse, por tanto, es tener literalmente en las manos los recursos hídricos del segura, y, con ellos, los de la región.
Ahora hablemos de los usos turísticos del agua, que también recoge el citado artículo de Interviú. Hay que destacar desde ya que, dependiente el sector turístico, en una zona de secano como Murcia, sobre todo del agua, quien controla este recurso controla también aquel sector, de lo cual ya podemos ir deduciendo que los negocios más productivos de Murcia están todos en manos de quienes tienen el control del agua en particular y de Murcia en general. Dicho control lo ejercen, sobre todo: La familia Espinosa de Rueda y Roca Meroño, quien tiene un grupo de sociedades inmobiliarias y de agricultura. Se ha aliado también con Hiberdrola, donde además tiene una gran influencia el hermano de Federico Trillo, Jesús Trillo Figueroa.
Según la fiscalía, “da la impresión de que existen dos CHS, una A y otra B”, pues en los expedientes más graves no se realiza una valoración del agua y las sanciones, de haberlas, son ridículas en comparación con las cifras que manejan estas empresas. Es decir, son de risa (por ejemplo 600 euros) El estudio de la fallecida Vicenta Oliveros descubría el modus operandi de la CHS, organismo, recordemos, de carácter público. Había unos funcionarios que se ocupaban de los asuntos de tono menor, más burocráticos y genéricos. Pero luego había un personal específico dedicado a los expedientes de más injundia, que a su vez era personal de confianza de los órganos directivos de la CHS. Esto puede parecer normal, como una especie de repartición de tareas entre profesionales más o menos expertos. Pero estos casos de mayor injundia no eran castigados, ni siquiera investigados, y son los que ponen a estos directivos en relación directa con los personajes más destacados de las tramas de corrupción, la cual conduce a los órganos de mayor responsabilidad civil: los de justicia.
Por ejemplo, en la sentencia de 1997 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia se eximía de sanción un expediente por uso irregular del agua. El ponente magistrado entonces era Espinosa de Rueda (el de El Chopillo, el de las subvenciones...) y sus compañeros de sala fueron Abel Sáez y Joaquín Moreno. Sorprende que, recusado Espinosa por ser parte en el proceso, fueron sus colaboradores quienes tomaron el relevo y se ocuparon luego de la investigación. Sobre este ponente (Espinosa de Rueda) planea la sospecha de haber recibido nada menos que 300 millones de pesetas de fondos europeos, y su mujer es la jefa del Gabinete Jurídico de la Presidencia de Murcia.
Podríamos ahora intentar hacer un balance de los que los murcianos han sacado en claro de toda esta corrupción. Sin embargo, esto es imposible, porque corrupción significa riqueza a raudales para unos, y miseria para otros. Pero de todas formas habrá otro artículo vinculado a la corrupción urbanística en el que se pondrán de relieve las ridículas infraestructuras públicas generadas por el gobierno del PP en todos sus años de mandato. Especial atención merece el caso de corrupción, que implica a todo el gobierno regional, de Portmán Golf S.A., en la Unión, triste tierra que continúa sufriendo las maquinaciones de los corruptos y poderosos desde que sus habitantes, hace ya un siglo, comenzaron a ser explotados para la extracción de carbón en las minas, además de la catástrofe ecológica y heroicas luchas de los vecinos de todo un pueblo (obreros) contra la especulación urbanística, contra legiones de policías, todo ello en los tiempos de Felipe González. Hay un documental terrible sobre aquel tiempo, que desde luego recomiendo. Este caso será recogido, además de la utilización de fondos públicos en Murcia para la construcción de megacentros comerciales de los que sólo unos pocos extraen beneficios. Se verá, entonces, que los nombres que aparecen en este artículo se vuelven a repetir incesantemente.
La idea con la que uno se queda siempre es que Murcia se la están quedando unos pocos, que hacen y deshacen a su antojo y que no dudan en aumentar la presencia policial y la vigilancia ciudadana cada vez que que alguna conducta les parece contraproducente a sus objetivos. En fin, técnicas típicamente fascistas de una aristocracia política corrupta hasta las entrañas. En otro artículo hablaré de esta represión, y de cómo Murcia ha ido cambiando poco a poco hasta ser un lugar en el que prácticamente no se puede vivir si uno siente la más mínima necesidad de ser libre. Pero son tantos y tantos los abusos que todo esto quedará, como he dicho, para otro artículo.
Brutal
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